Industria siembra “incertidumbre” en la producción de energía verde

Las soluciones que el Gobierno plantea para acabar con los problemas de unas 60.000 instalaciones que producen energía renovable con un sistema de primas —como los huertos solares o los molinos eólicos— no convencen a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este organismo, que se encarga de asesorar a Industria y también de vigilar el buen funcionamiento del sistema eléctrico, cree que el nuevo sistema de pago para los productores de energía verde añadirá más “incertidumbre” en un sector asfixiado por tanto recorte.

El Gobierno espera ahorrar unos 1.400 millones de euros anuales en el sector

El Gobierno ha modificado la forma en que retribuye a quienes tienen instalaciones verdes. La nueva remuneración, que ahora se denomina régimen retributivo específico, sustituirá a un sistema de primas que en la fotovoltaica ha menguado hasta un 40% en los últimos tres años. La idea del Gobierno es que los propietarios pasen a percibir una “rentabilidad razonable”, que llegará al 7,5% antes de impuestos en los casos de las instalaciones más eficientes. Las rentabilidades prometidas antes llegaban al 14% en 2005.

La CNE critica que el Gobierno quiera calcular sus pagos en función de la potencia instalada —antes se remuneraba por la energía generada— y que se hayan sacado de la manga una alambicada fórmula, de la que no hay precedentes en la Unión Europea, con la que pretenden que las instalaciones renovables perciban con claridad “la señal de precio del mercado”.

Para llegar al 7,5% de rentabilidad —que se quedaría en un 5,2% quitándole los impuestos, según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)— se tienen en cuenta una larga lista de parámetros como las cantidades que ya se han percibido durante la vida de la planta, “los costes e inversiones que respondan exclusivamente a la actividad de producción de la energía eléctrica” o el valor de las Obligaciones del Estado, que servirán de referencia para bajar o subir ese 7,5% cada seis años.

Entre esas 60.000 instalaciones hay unos 30.000 huertos solares que pertenecen a pequeños inversores. Se trata sobre todo de agricultores y ganaderos que los adquirieron, muchas veces como cooperativistas, animados por un proyecto que parecía seguro. Lo garantizaba el Estado y tenía un buen fin: la energía verde que produjeran serviría para reducir las emisiones de CO2, bajar la dependencia energética del país y cumplir con los compromisos del protocolo de Kioto contra el cambio climático. Desde 2010, los recortes les han dejado en una situación límite. Apenas tienen dinero para pagar los créditos y temen que, con el nuevo sistema de pago ideado por el Gobierno sus placas solares terminen en manos del banco.

Para aquellos que, debido a la situación que atraviesan, hayan decidido cerrar las instalaciones, el Gobierno ha propuesto incentivos económicos. La CNE lamenta que no se especifiquen los criterios que se seguirán para adjudicar esas indemnizaciones ni de qué partidas saldrá el dinero.

Industria pidió en julio a la Comisión que estudiase con urgencia sus propuestas de real decreto para regular la actividad de producción de energía renovable. Este órgano responde ahora con un informe que tilda las medidas de “complejas” y poco explicadas. Con su reforma energética, el Gobierno pretende ahorrar unos 1.400 millones de euros anuales en el sector renovable. En la fotovoltaica, la que más sufrirá, ronda los 600 millones. Le siguen las eólicas, con unos 500 millones.

La desesperanza se ha instalado en el discurso de los afectados. “No creemos que el Gobierno vaya a cambiar nada de su plan. Siguen su hoja de ruta. Nos sentimos en un extermino planeado”, confiesa Miguel Ángel Martínez-Aroca, portavoz de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). Esta organización, que presentó sus alegaciones a la reforma del sector eléctrico, asegura que Industria les ha cerrado la puerta. “Les hemos pedido hasta seis reuniones desde comienzos de verano y no ha habido ni una respuesta”. El ministerio de José Manuel Soria tampoco ha respondido a EL PAÍS si, tras el informe del CNE, piensa cambiar sus planes.

Se pagará por potencia instalada, no por electricidad generada

Asociaciones como Anpier, Unef, la Asociación de productores de energías renovables o Protermosolar, consideran que esta fórmula es “altamente discrecional” y que, al desligar las primas de la producción eléctrica, desincentivará la eficiencia y anulará todas las labores de mantenimiento.

Los incentivos económicos a la producción de energías renovables están para corregir “fallos de mercado”, contemplan los miembros de la CNE en su informe. Entre ellos están los costes ambientales, sociales y de suministro de otras formas de producción de energía.

El organismo regulador, que también pide que se elimine el nuevo peaje impuesto a aquellos que deciden producir energía en casa, también incide en que se pretende dar un trato privilegiado a las Canarias, comunidad para la que sí se prevén primas. Las renovables “son tan ventajosas en la Península como fuera”, dicen.