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Doñana cierra el grifo

Las Administraciones y la justicia estrechan el cerco sobre los pozos ilegales del entorno del parque tras décadas de descontrol en la agricultura de regadío

Manuel Planelles
Un pozo ilegal en los alrededores de Doñana.
Un pozo ilegal en los alrededores de Doñana.julián rojas

Las interminables hileras de tierra están en calma. A lo lejos, un par de trabajadores marroquíes preparan el esqueleto de metal sobre el que se montarán los plásticos blancos. Es septiembre entre Lucena del Puerto y Moguer. Es tiempo de calma en las explotaciones freseras de Huelva. El trajín volverá en pocos días, cuando los trabajadores coronen las hileras con millones de plantones. Volverá a brotar el milagro de una tierra que parece arena de playa.

Es la misma tierra sobre la que se levantan los pinos del colindante espacio natural de Doñana. El secreto de este rentable cultivo de regadío y el de uno de los humedales más importantes de Europa está bajo los pies, a 10 o 15 metros de profundidad. Es el castigado acuífero 27, del que bebe Doñana y con el que se riegan miles de hectáreas agrícolas. Pero el milagro económico de la fresa se asienta, en parte, en la extracción descontrolada del agua de la bolsa subterránea. Junto al parque existe un entramado de pozos —WWF estima que un millar—, balsas y conducciones ilegales.

“Los agricultores han buscado el agua como mejor han podido”, reconoce Alberto Garrocho, presidente de la asociación de productores Freshuelva. Garrocho, sin embargo, sostiene que muchos de los pozos son concesiones antiguas con décadas a sus espaldas. Aunque “hay de todo”, añade.

Se calcula que hay un millar de captaciones irregulares

En Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, donde se concentra el problema, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene concedidas autorizaciones para 506 captaciones del acuífero. Sin embargo, un estudio elaborado por la Comunidad de Regantes El Fresno hablaba de más de 2.500, con lo que habría un desfase de cerca de 2.000 captaciones. Es complicado dar una cifra cerrada del problema. Un recorrido por la zona ayuda a comprenderlo: los pozos están a ras de tierra, apenas sobresalen un metro y están diseminados bajo los pinares. Los agricultores transportan el agua que extraen a través de unas tuberías soterradas hacia las balsas, que están conectadas con sus explotaciones.

La agricultura del entorno de Doñana se centraba históricamente en el cultivo de secano. Pero a partir en los años ochenta y noventa, se produjo un boom de las plantaciones intensivas bajo plástico, que crecieron en demasiados casos sin que se regulara el uso del agua del acuífero.

Sí es fácil cifrar la importancia económica del regadío en la provincia. Huelva es el principal productor de fresa de España. La facturación de este cultivo superó los 300 millones de euros en la última campaña. Este sector y el de los cultivos de regadío intensivos en general emplean de forma directa a 12.000 personas en las cooperativas y centros de tratamiento de la provincia. Además, unos 50.000 trabajadores participan en las campañas. Estos números ayudan a comprender el retraso de las Administraciones a la hora de atajar el problema del reparto del agua en Doñana.

“Se ha buscado el agua como mejor se ha podido”, dice Freshuelva

Pero tras décadas de descontrol, la Junta de Andalucía prevé que en marzo de 2014 se apruebe definitivamente el plan especial de ordenación de la zona norte de la corona forestal de Doñana. La norma contempla, entre otras cosas, que todo el uso del agua esté regularizado en un máximo de cinco años y la clausura de las captaciones ilegales. El plan afecta a los cinco municipios que rodean el espacio natural.

En esta comarca de Doñana se produce alrededor del 60% de la fresa de la provincia. Según Felipe Fuentelsaz, coordinador de Agua y Agricultura de WWF en Doñana, varias cadenas de supermercados europeas ya están poniendo trabas a la fresa onubense por el descontrol en el uso del agua. Esta vía puede ser letal para el sector: el 90% de la fresa y frutos rojos que se producen en Huelva se destina a la exportación.

Tras el anuncio de la Junta, la solución parece un poco más próxima, aunque siempre cabe un nuevo retraso con un documento que comenzó a elaborarse hace seis años. Ha pasado ya por las manos de cinco consejeros autonómicos de Medio Ambiente desde 2007. En este periodo ha dado tiempo a que las competencias sobre el Guadalquivir, en cuya cuenca está el acuífero 27, pasaran del Estado a Andalucía y de Andalucía al Estado otra vez, algo que ha retrasado aún más la aprobación del plan.

La Unesco, que en 1994 declaró Doñana Patrimonio de la Humanidad, se ha fijado en el problema. Ha planteado ya la posibilidad de que el parque sea inscrito en la “lista del patrimonio mundial en peligro en un futuro próximo” si no se “abordan con eficacia” problemas como el de la extracción descontrolada de agua. En la reunión que el Comité de Patrimonio Mundial celebró en Camboya en junio se acordó pedir a España un informe antes de febrero.

El cultivo de la fresa
facturó el año pasado
en Huelva 300 millones

Paralelamente, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación. El Seprona, de la Guardia Civil, ha rastreado en los últimos meses las áreas más conflictivas. Se han realizado alrededor de un centenar de inspecciones y, tras reclamarlo la fiscalía provincial, los jueces han ordenado el cierre cautelar de varias captaciones. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también presiona por la vía administrativa. “En breve vamos a cerrar unos cuantos pozos”, dice Manuel Romero, presidente de este organismo.

Los agricultores han reaccionado con protestas en la calle. Han creado una plataforma que a finales de agosto consiguió reunir en una manifestación en Huelva a miles de personas (12.000, según los convocantes, y 8.000, según la policía). Los regantes reclamaron algo parecido a una amnistía temporal para los pozos y se quejaron de que se han abierto 200 expedientes sancionadores, una cifra que el presidente de la Confederación Hidrográfica da por buena.

En este contexto de presiones enfrentadas es en el que la Junta ha cerrado el plan de ordenación. El documento aborda el reparto del agua en la zona, que se extiende por dos cuencas. Al norte, en la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se prevé que todos “los suelos agrícolas regables” sean “atendidos por aguas superficiales”, como mayoritariamente ocurre ahora. Pero el problema está al sur, en el distrito hidrográfico del Guadalquivir, donde el plan busca reducir las extracciones del acuífero con aportaciones superficiales. “Teniendo agua superficial podemos empezar a cerrar pozos”, argumenta Alberto Garrocho, de Freshuelva. Se contempla un trasvase de 3,99 hectómetros cúbicos que permitirá mantener 1.000 de las 7.000 hectáreas que el plan destina al regadío en la zona de la cuenca del Guadalquivir. “Se cerrará el 100% de los pozos en esa zona, unos 300”, añade el presidente de la Comunidad de Regantes del Fresno, Ángel Gorostidi. Respecto a las extracciones del acuífero, se prevén 23 hectómetros cúbicos para el regadío en 2014. La disponibilidad se fijará cada año en función del estado de la bolsa de agua.

La Unesco ha instado
a España a que
ordene los regadíos

El otro problema que se aborda es el de los usos del suelo. El documento final autoriza 9.098,8 hectáreas para regadío, 5.825 de ellas para cultivos bajo plástico. “Se quedarán fuera de ordenación entre 1.000 y 1.200 hectáreas”, se queja Gorostidi. El punto temporal que ha empleado la Junta para declarar legal o ilegal una explotación ha sido 2004. El Gobierno andaluz aprobó ese año un plan de ordenación en el que se fijaba qué zonas podían destinarse a la agricultura. Pero esta restricción no se cumplió y los agricultores transformaron áreas de montes públicos en regadío y se ocuparon arroyos.

WWF, que ya ha anunciado su rechazo al plan de la Junta, lamenta que el documento vaya a permitir que 2.000 hectáreas de montes públicos que han sido transformadas en regadío se salven. Además, esta organización no está de acuerdo con que se conceda un plazo de cinco años para regularizar todo el uso del agua en la zona.

La Junta sí cuenta con el apoyo del Gobierno central, algo clave para el desarrollo del plan. Será la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Estado, la que tenga que controlar a partir de ahora las extracciones de agua del acuífero.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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