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El estigma de los políticos

González-Sinde no ha cometido ilegalidad alguna por concurrir al Premio Planeta, pero su pasado como ministra levanta recelos España no acostumbra a aprovechar el conocimiento del retirado de la vida pública La corrupción contribuye al descrédito

Anabel Díez
Un momento de un pleno del Congreso de los Diputados.
Un momento de un pleno del Congreso de los Diputados.uly martín

¿Ha cometido alguna ilegalidad la escritora y guionista Ángeles González-Sinde al haberse presentado a un premio literario, el Planeta, y haber quedado finalista? Su acción no choca con la ley de incompatibilidades a pesar de que hasta dentro de dos meses los ministros del último Gobierno socialista no culminan los dos años de incompatibilidades. La creación literaria está excluida del veto a desempeñar tareas relacionadas con la responsabilidad anterior.

La sorpresa de la finalista del Planeta de este año ha venido porque sus 30 meses de ministra parecen anular la veintena de años en su profesión de creadora y escritora e incluso invalidar la vuelta a su ocupación habitual. Los políticos se rebelan contra el estado de opinión actual que les condena “a la inhabilitación” al haber transitado por la vida pública, y se niegan a que “se les condene a la muerte civil” por el “pecado de la política”. Políticos y expertos reconocen que en España falta “la porosidad” que existe en otros países entre el paso de la vida profesional a la política y viceversa, con naturalidad. Los resquemores que en algunos sectores ha provocado que la finalista del Premio Planeta obtuviera el galardón por su obra El buen hijo ponen de manifiesto con absoluta crudeza la desconfianza en España hacia los representantes de los ciudadanos, a quienes se atribuye “su paso por la vida política como una etapa destinada a labrarse el porvenir y asegurarse el futuro para cuando dejen la política”. Esta aseveración del catedrático de Sociología José Juan Toharia, basada en numerosos estudios demoscópicos, entra en el corazón de la desconfianza hacia el político que no existía hace 20 años y ahora se desborda.

Toharia: "La sociedad niega legitimidad al gobernante antes y después de ejercer"

“La sociedad niega a los políticos legitimidad social antes y después de estar en la vida pública”, constata el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia. Un mejor conocimiento de lo que hacen los políticos, y un cambio en la ley electoral para que haya trato directo con el representado, son soluciones que manejan expertos y algunos políticos, como glosa el exconsejero de Economía y Hacienda de Madrid Percival Manglano.

El paso de la vida pública a la privada no arroja casos de ilegalidad en cuanto al cumplimiento de las incompatibilidades y los supuestos en los que ha habido presunto delito están en los tribunales.

Esos supuestos en los que un político después de dejar su actividad pública se dedica en el terreno privado a un área relacionada con su etapa gubernamental es lo que se llama la técnica de la puerta giratoria; en tanto que gira del despacho oficial al privado sin que antes hubiera tenido relación con esa parcela.

Esa situación nada tiene que ver con esa cancela que abren otros políticos porque simplemente por ella pasan a su vida anterior. Así lo han hecho el científico Bernat Soria, el escritor César Antonio Molina o Cristina Garmendia, por citar a tres ministros del Gobierno socialista anterior, que han pasado brevemente por la política y han vuelto a sus orígenes. Así lo ha hecho González-Sinde.

A estos anteriores se cita, desde la derecha, la izquierda y el nacionalismo, para expresar indignación y consternación, o las dos cosas. “La sociedad no puede condenar a los políticos a la muerte civil”, proclama el diputado socialista José Enrique Serrano, jefe de gabinete de los dos presidentes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. “No es posible que en la política estemos lo peor de la sociedad y, por tanto, no es posible que el paso por la política inhabilite a quien la ejerza para pasar a la vida privada sin que se sospeche de que se ha aprovechado del cargo”, arguye el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro. Ambos políticos, del PSOE y del PP, son ponentes de la Ley de Transparencia a punto de aprobarse.

Serrano (PSOE): "Se pretende la muerte civil al salir del cargo"

Los prejuicios se tienen a pesar de que España cuenta con una férrea ley de incompatibilidades y a todo el mundo le parece imprescindible que el político pueda escribir y crear.

“No puede haber castración de la creatividad literaria”, aborda en este caso concreto pero no solo el diputado de CiU y portavoz constitucional, Jordi Xuclá. “¿Cómo se puede reprochar a un creador que lo sea?”, se pregunta el diputado nacionalista, miembro del Consejo de Europa y a través del mismo mandatado en la preparación de políticos cuyos países aspiran a pertenecer a la Unión Europea. La pasada semana les habló de “códigos éticos” para estar en política. Su fórmula es la de regular un régimen férreo de incompatibilidades.

Ahora bien a esa dedicación exclusiva le debe acompañar el criterio de “políticos bien pagados”. A esta reivindicación económica se arriesga Xuclá en estos tiempos de crisis profunda en que el sueldo de los políticos de las Cortes y de los ministros, congelados desde hace cuatro años, se antoja excesivo sea el que sea. “Llegará un momento en el que nadie querrá dedicarse a la política: se critica que nos dediquemos a ella muchos años, porque eso es profesionalización, pero no se nos deja salida para después. A no ser que seas funcionario, a cualquier otra tarea que te dediques se considera ilegítima, impropia, sin derecho a ella”, elucubra con un punto de indignación, Trinidad Jiménez, dos veces ministra (Sanidad y Asuntos Exteriores) con Rodríguez Zapatero, a 3.800 euros al mes por 12 pagas, al igual que González-Sinde o el exministro de Fomento José Blanco, durante sus estancias en el Gobierno. Este último se pregunta por qué la sociedad “no aprovecha” el caudal de experiencia y conocimiento que un político adquiere durante su etapa en la vida pública.

Una cosa es la 'puerta giratoria' y otra que se retome la profesión

Sí es pertinente esta última reflexión de Blanco porque ese aprovechamiento sí se produce en otras sociedades occidentales; desde luego en el mundo anglosajón, donde las empresas tienen especial interés en contratar a personas de la política. En España se ha establecido la convención de que las compañías solo están interesadas en las agendas, es decir, en los contactos de los políticos y por eso han hecho suculentas ofertas a los expresidentes Felipe González y José María Aznar, a la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y, en general a todos los exministros de Economía, ya sean del PP o del PSOE.

No es suficiente solo succionar sus agendas; también deberían utilizar sus conocimientos, reclaman los políticos y así lo entienden el sociólogo Toharia y el exconsejero Manglano. Aprovechamiento en la salida, pero también piden que la entrada en la vida pública sea más natural que lo que es ahora. Los ciudadanos tendrían que considerar beneficioso que se reclamara para la política durante un tiempo a personas con amplios conocimientos en distintas parcelas, relata el diputado Rafael Simancas, responsable del PSOE de “formar” políticos, por su cargo de secretario federal de formación. “Debe haber la posibilidad de entrar y salir honestamente de la política”, reclama.

No es fácil por la propia estructura de los partidos, constata Percival Manglano, con un currículum académico en universidades extranjeras muy abultado y que ocupó la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. La desconfianza de los ciudadanos tiene su justificación en que el político “no está tanto para representar a los españoles cuanto para ejecutar las órdenes que le llegan desde sus cúpulas”. Bien, para la “estabilidad del sistema”, pero mal porque los ciudadanos no se sienten representados. De ahí, establece Manglano, que haya tan pocas dimisiones: es tan difícil entrar en política que nadie quiere dimitir porque “a partir de una dimisión quedas expulsado de la carrera política”. El problema, a su juicio, está en las listas electorales cerradas que hacen depender de las direcciones de los partidos.

En este país, existe una férrea ley de incompatibilidades

La crisis tiene mucho que ver, como sugiere un político actual, Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Cataluña-Els Verds, que viene del mundo de la universidad, como profesor de Derecho del Trabajo, y ha ejercido como abogado laboralista y en otro tiempo como líder sindical. “La desconfianza hacia la política empieza por la duda de los ciudadanos de que somos útiles; se duda de la utilidad de la política; no sirve”.

Los casos de corrupción contribuyen al descrédito, una vez que se da como generalizada. “Es injusto, pero es cierto que el estigma sobre la política la sostienen todas las capas sociales, incluidas las élites intelectuales”, constata el filósofo y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, José Antonio Pérez Tapas, con muy amplia obra publicada sobre pensamiento y ciencia política. “Los casos de corrupción funcionan como prejuicio que desprestigia a todo un colectivo con un moralismo injusto y estéril”, afirma Pérez Tapias, que rechaza cualquier resquemor sobre el premio obtenido por González-Sinde.

Todos los consultados defienden a la escritora, y algunos, como Rafael Simancas, utilizan la ironía en su defensa. “González-Sinde tiene mucho mérito porque ha resultado finalista del Premio Planeta, a pesar de haber sido ministra”.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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