Independencia irrenunciable

Se ha desatado una gran polémica a raíz de unas declaraciones del consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid en las que aboga por reformar el sistema laboral de los médicos para hacerlo “más flexible.” Aparentemente el objetivo es buscar un sistema: “más incentivador, para reconocer el trabajo bien hecho o bien, responsabilizar a aquellos que no estén cumpliendo con arreglo a las necesidades.”

El sistema funcionarial a la española tiene dos características. La primera es la seguridad laboral, la segunda es una relativa homogeneidad de las condiciones laborales que dependen escasamente de la calidad del servicio prestado. Como señala el consejero hay muchos países europeos en los que los médicos (o los profesores de universidad) no prestan sus servicios al sector público de esta manera. Los médicos británicos de medicina general (General Practitioners, cuyos servicios son equivalentes a los de nuestros centros de atención primaria) son empresarios que reciben un pago del Servicio Nacional de Salud por una serie de indicadores objetivos del grupo de pacientes al que tratan. Otros países, como Holanda, o Canadá tienen sistemas similares. Los profesores de universidad británicos (o los finlandeses) tienen un contrato laboral estándar y cobran de acuerdo a una escala salarial muy flexible basada sobre todo en méritos de investigación o docencia evaluados por sus pares, pero están protegidos por el “academic tenure” para no ser despedidos por motivos ideológicos.

Hasta donde yo sé no hay un estudio fiable del nivel de eficiencia relativo de distintos sistemas. Pero desde el punto de vista económico lo relevante es encontrar un sistema de indicadores que permita conciliar diversos objetivos. Uno muy importante es eliminar la arbitrariedad administrativa. Dada la triste historia de nuestro país el nivel de confianza en la autoridad es muy limitado, e imagino que los profesionales se temen que la flexibilidad sea una palabra clave para el comisariado político del partido en el poder, sea cual sea este. Si se consiguen indicadores de calidad fiables, otro objetivo importante es impedir que los incentivos sesguen inadecuadamente el desempeño. Un pago capitativo (por paciente) en los centros de atención primaria puede ser muy adecuado para controlar los costes, pero puede inducir a un tratamiento más rápido o descuidado.

Yo creo que los profesionales públicos deberían recoger el guante que les ha lanzado el consejero para elaborar propuestas que tiendan a mejorar el sistema (las Asociaciones científico-médicas han elaborado un manifiesto que indica una predisposición positiva y yo esperaría que los universitarios también estuvieran dispuestos). Con más flexibilidad, sí, pero con rigor para mantener la independencia y calidad del servicio.

Antonio Cabrales es catedrático de la University College London