Wert solo ampara al alumno que pida español como lengua vehicular
La ley prevé pagar un centro privado a quien pida estudiar en castellano y no halle oferta A los que quieran la enseñanza en otra lengua cooficial y no puedan no se les compensará El Ministerio alega que solo se protege el español por el problema en Cataluña
La Ley Wert ha blindado la educación en castellano en todas las comunidades, a las que obliga a pagar la escolarización en escuelas privadas cuando no exista una oferta de castellano en la pública, pero no protege de la misma forma al resto de lenguas cooficiales del Estado. El Ministerio de Educación ha hecho público el proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en lo que respecta al trato de las lenguas en las aulas. Este recoge el procedimiento a seguir para que el Estado abone a los padres los gastos que hayan tenido por escolarizar a sus hijos en un centro privado en castellano, pero en ningún momento contempla el caso contrario, que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana: que los padres quieran que sus hijos estudien en valenciano (o en cualquier otra lengua cooficial) y no tengan oferta pública. A los valencianos, según ese decreto, el Estado no les pagará el colegio privado.
El texto, hecho a medida para Cataluña, solo reconoce como beneficiarios de la compensación a los alumnos que cursen educación básica “en un centro docente privado en el que el castellano sea utilizado como lengua vehicular” cuando se trate de una comunidad con lengua cooficial propia en la que la Administración educativa “no provea una oferta de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice el castellano como lengua vehicular”. El decreto obliga a que la oferta pública en castellano sea en el mismo municipio en el que resida el alumno, salvo en zonas rurales, y dice que los padres deberán adelantar el dinero de la escolarización, que el Gobierno les abonará después. El Ejecutivo detraerá esos importes de la financiación que da a la comunidad autónoma incumplidora.
La redacción del Real Decreto, en la que solo se menciona el castellano, deja sin amparo, por tanto, los casos en los que la lengua cooficial sea la discriminada.
Modelos lingüísticos en las aulas
- En la Comunidad Valenciana el modelo plurilingüe contempla dos programas. Uno tiene el castellano como lengua base y en él se imparten dos asignaturas en valenciano. En el programa que tiene el valenciano como lengua base, se hace lo mismo con el castellano. En ambos casos hay dos asignaturas que se imparten en inglés.
- El País Vasco cuenta con tres modelos lingüísticos por los que las familias pueden optar libremente. El menos demandado, con un 2,8% de las nuevas matriculaciones, es el modelo A, que supone cursar todas las asignaturas en castellano salvo las relacionadas con el euskera y el inglés. El modelo mayoritario, con el 78%, es el D, y supone que el euskera sea la lengua vehicular en todas las asignaturas excepto en la de lengua e inglés. El B es un término medio entre los dos anteriores, con un mayor equilibrio entre castellano y euskera como lenguas vehiculares.
- En Galicia el Gobierno de Feijóo aprobó en 2007 un decreto por el que el 50% de las clases se tienen que dar en gallego y el otro 50% en castellano. Con la excepción de algunos colegios trilingües en los que el porcentaje baja hasta el 33% para cada lengua.
- En Baleares se ha iniciado este curso un modelo trilingüe: español, catalán e inglés. La implantación ha sido muy polémica entre profesores y un sector de los padres de la enseñanza pública, que consideran que el trilingüismo merma el peso en las aulas de la lengua propia, el catalán.
- En Cataluña las clases se imparten en catalán, salvo las asignaturas de inglés y castellano. Es el modelo de inmersión. El esquema es válido para los colegios públicos, los concertados (privados subvencionados por la Generalitat) y los privados. En estos últimos pueden encontrarse escuelas donde la proporción de clases en castellano es más elevada, pero muchos son centros de élite donde se enseña en inglés u otros idiomas. Recibir clases mayoritariamente en castellano en una escuela pública catalana es inviable. El modelo de inmersión lingüística ha sido defendido por casi toda la comunidad educativa, pero también ha sido cuestionado abiertamente por un grupo de familias, que reclamaban un aumento de las horas de clases impartidas en castellano, algunas de las cuales querían un modelo inverso: con el castellano como lengua vehicular.
- Navarra tiene implantado en parte de su territorio un sistema muy similar al vasco. Además, ya se ha empezado a introducir el modelo trilingüe en algunos centros.
El Ministerio alega que lo que hace la ley es “tratar de paliar un problema que afecta al castellano, que no se cuida adecuadamente en alguna comunidad”, y que no se ha extendido la misma protección al resto de lenguas cooficiales del Estado porque de su cuidado “ya se ocupan las comunidades autónomas”. Fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert sostienen que no se privilegia una lengua (el castellano) sobre otras, sino que lo que hace el Gobierno es “no poner el acento en proteger a las otras”.
Pero la exposición de motivos del decreto deja claro que la propia LOMCE establece la obligación de las Administraciones educativas “de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas” no solo en castellano, sino “en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”. ¿Qué ocurre entonces con los casos de la Comunidad Valenciana, en los que no se garantiza la enseñanza en valenciano? “Se están estudiando”, contesta el Ministerio, que ha transmitido la consulta de EL PAÍS al abogado del Estado para que dé una respuesta técnica, que “tardará unos días”.
Los casos que no contempla el decreto solo se han producido, de momento, en la Comunidad Valenciana. Padres y madres de tres colegios valencianos de primaria consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad les diera la razón a su demanda de estudiar en valenciano en la escuela donde estaban escolarizados, una opción que les había sido denegada por la Administración autonómica. Las familias recurrieron en 2010, pero las sentencias favorables llegaron tres años después, cuando ya habían sido escolarizados en castellano. Una familia de Xirivella no aceptó la situación y optó por llevar a su hija en valenciano a una escuela concertada del pueblo vecino de Picassent, porque en el suyo no había vacantes en su lengua. El pasado 21 de febrero, reclamó por vía administrativa al Ministerio el reconocimiento de los mismos derechos que la disposición adicional tercera de la LOMCE reconoce al alumnado que quiere ser escolarizado en castellano, además de la indemnización por los gastos contraídos. Su reclamación aún no ha tenido respuesta.
Lo que el decreto busca, en realidad, es dar desarrollo legal a las numerosas sentencias judiciales contra el modelo de inmersión lingüística catalán. Las últimas resoluciones, que mantienen en vilo a la Generalitat y a cinco escuelas, obligan a impartir el 25% de clases en castellano en el plazo de un mes, que expira en menos de una semana. Pero la Fundación Escola Cristiana, que agrupa a cuatro de los centros concertados afectados (el quinto es público), confirmó ayer que no habrá cambios en las aulas a corto plazo. Tanto las escuelas como sus respectivas AMPA han solicitado al tribunal personarse en la causa (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha aceptado a una de ellas) y hasta que no tengan respuesta al resto de casos, aseguran, “no se prevé cambiar los usos lingüísticos” de los centros.
Con información de Ivanna Vallespín, Ania Elorza, Andreu Manresa e Ignacio Touza.
“Nunca entendimos por qué se nos denegó la enseñanza en valenciano”
Si en Cataluña los litigios lingüísticos han sido protagonizados por familias que quieren que sus hijos estén escolarizados en castellano, en la Comunidad Valenciana ha ocurrido a la inversa: han ido a los tribunales para que sus hijos puedan estudiar en valenciano. Los tres contenciosos han sido planteados y ganados a la Generalitat por los abogados de Escola Valenciana, la plataforma de asociaciones y entidades que lleva años denunciando la insuficiente oferta de enseñanza en valenciano. La Consejería de Educación replica que es equilibrada.
“Lo que vale para Cataluña, vale para aquí, ad sensu contrario”, proclama convencido Miquel Damià, abogado de Escola Valenciana. “El Gobierno ha usado un argumento en Cataluña que se le puede volver en contra en el País Valenciano”, afirma. El letrado ha tramitado ante el ministerio la solicitud de una familia que quiere ver amparados los mismos derechos que en la LOMCE se reconocen a “aquellas familias que, legítimamente, piden que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial del Reino de España”. El padre que suscribe la solicitud, y que pide el anonimato, es el firmante del último recurso ganado, en este caso contra la denegación del valenciano a doce familias del colegio Ramón y Cajal de Xirivella. La sentencia estimatoria llegó cuando su hija ya había sido escolarizada por tercer curso consecutivo en el colegio concertado Les Carolines, donde se enseña en esta lengua. Ahora quiere que “el Estado reconozca que no ha actuado conforme a la ley y no ha tratado igual a esta familia que a otras”, dice su abogado, por encima de cualquier indemnización.
“Nunca entendimos por qué se nos denegó la línea en valenciano”, dice Abraham Canales, padre de otro centro de Xirivella, el Jaume I, que firmó el recurso en nombre de 16 familias que querían escolarizar a sus hijos en esta lengua. “Nadie se quejó ni se desmarcó, pese a que muchas familias son inmigrantes extranjeras”. El tercer caso ganado es el del colegio Sant Cristòfor (Picassent), uno de los pocos concertados donde se enseña en valenciano.
