Ecuador, una nueva ley del aborto que no gusta a nadie

El nuevo Código Penal ecuatoriano, aprobado el pasado 28 de enero, permite el aborto en dos supuestos: cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de la violación en una mujer que padece discapacidad mental. Todo lo demás está vetado y castigado con penas de cárcel de uno a tres años para la persona que practique el aborto y de seis meses a dos años para las mujeres que consientan la interrupción de su embarazo.

La discusión del texto legal fue polémica y aunque en el primer debate pasó la despenalización del aborto en casos de violación, en el segundo debate se precisó que este derecho era solo para las mujeres que sufran alguna discapacidad mental. Todavía se recuerda el intento de la asambleísta del oficialismo Paola Pabón de introducir una moción para volver a lo dicho en el primer debate, pero el presidente Rafael Correa frenó este intento diciendo que si el legislativo legaliza el aborto por violación, él renunciaría a su cargo. Más tarde la asambleísta que trató de desmarcarse de su partido fue sancionada con un mes sin sueldo.

El debate actual en torno al aborto está en las calles. Virginia Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, dice que siguen en campaña. "Seguimos planteando que el aborto por violación es la reivindicación mínima para las mujeres ecuatorianas y no importa que no haya entrado en el Código Penal porque luego de un año de vigencia del código se pueden incorporar avances, en ese sentido nuestra lucha no desmaya en el objetivo final de que las mujeres tengan derecho a suspender un embarazo en cualquier circunstancia", dice.

La campaña "Yosoy65" ha surgido como una iniciativa para visibilizar a ese 65% de la población, que según la encuestadora Cedatos, está a favor del aborto. Verónica Vera, coordinadora de la campaña, explica que el propósito es despenalizar el aborto en las mentes de las personas. "Queremos que la sociedad tenga más datos y que las opiniones que tengan sobre el tema se basen en evidencias y no en creencias, lo que hacemos es visibilizar las estadísticas de violencia y embarazo por violación", dice Vera y remite a la página web en la que se destacan datos como que cada hora una mujer o niña es violada en Ecuador o que el aborto inseguro es la segunda causa de muerte materna en el país.

Esta campaña ha empapelado Quito con carteles que plantean preguntas como: "¿Crees que una mujer violada debería ir a la cárcel por abortar?" y también han llevado la discusión a las redes sociales: solo en Facebook ya tienen casi 10.000 seguidores y medio millar más en Twitter.

El nuevo Código Penal tampoco ha sido bien recibido en los grupos que llevan la bandera de defensa de la familia como Provida, que consideran que el aborto no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Amparo Medina, directora de Provida, habla de la contradicción constitucional en la que recae el código. "En la Constitución se defiende la vida desde el momento de la concepción, entonces esto hace que el artículo que permite el aborto sea inconstitucional". Además señala que también defienden a las mujeres porque el aborto solo beneficia al hombre. "Lo único que le duele al hombre es el pago del aborto o las pastillas abortivas", dice y añade que las penas de cárcel son una muestra más de que todavía no se toma en cuenta de quién es el problema del aborto. "Quienes deben ir a la cárcel son los médicos que viven a costa de la vida de los niños y los que no apoyan a la mujer, puede ser el papá, el marido, el amante, el novio. Estos son los criminales que deben ir a la cárcel".