Más de 7.600 vecinos votan contra la privatización del agua en Alcázar
La plataforma contra la venta de la empresa municipal creó una base de datos informatizada para evitar la repetición de firmas
En cuatro días, la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan reunió 7.698 votos en su consulta ciudadana. El 99% de estos fueron a favor de la pregunta: ¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?", con 60 en contra, 5 en blanco y 6 nulos.
El portavoz Juan Garrido está "muy satisfecho" con la participación de los vecinos. La plataforma no tiene pensado utilizar las firmas para realizar nuevas propuestas en las instituciones, aunque "se las guardan" por lo que pueda pasar. Garrido dice que, en caso de aprobarse definitivamente la privatización, pelearán por remunicipalizar la empresa, medida que en el último año han tomado distintas localidades españolas.
El alcalde Diego Ortega acusó a la plataforma de falsificar votos el viernes pasado al permitir que votase gente más de una vez. Los organizadores lo niegan: de hecho, implantaron un sistema de recuento informatizado que impide la repetición del voto. Funciona de la siguiente forma: los voluntarios, registrados como usuarios del programa, introdujeron el DNI de cada papeleta en la base de datos. Si se repite un número de identidad, el sistema no registra el segundo voto y da un aviso al usuario, explicó Alberto Hernández, el informático voluntario que ideó el programa.
Los organizadores harán campaña por la remunicipalización si se lleva a cabo la venta
El recuento final se ha realizado durante la asamblea que ha tenido lugar a última hora este lunes. La plataforma hizo todo lo posible para recaudar el máximo número de firmas: organizaron grupos itinerantes para desplazarse a casa de quienes quisieron votar pero no podían salir a la calle, y montaron una fiesta el pasado sábado en la plaza del Ayuntamiento, con comida y actividades, con motivo del Día del Agua.
Unos cincuenta miembros se encerraron durante cuatro días en el Ayuntamiento el pasado febrero para pedir que el pleno aprobara una consulta popular. Anteriormente habían recogido 11.000 firmas, durante varios meses, para llevar esta iniciativa ante el Consistorio. La propuesta fue finalmente rechazada con los votos del equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar (fundado por un exmiembro del PSOE).
El Ayuntamiento quiere privatizar el 52% de la empresa municipal Aguas de Alcázar. El acuerdo aportará 1.141.922 euros de capital al Ayuntamiento y otros 6,5 millones en forma de préstamo, con un interés del 4% a devolver en los próximos 25 años. El alcalde defiende la privatización como necesaria y cifra la deuda de la empresa en 8 millones de euros. Culpa a la anterior administración (del PSOE). Sin embargo, el informe realizado para el Consistorio el año pasado por una consultora externa cifra un “fondo de maniobra negativo” en 4.930.631 euros, porque de los más de 8 millones citados por el alcalde hay que restar 2,3 millones que el Consistorio debía el año pasado a Aguas de Alcázar (además de otras cuentas que la dos entidades tenían pendientes). El informe también califica la situación de la empresa como “incursa en causa legal de disolución”, que Ortega traduce como "al borde de la quiebra".
El alcalde afirma que no tiene intención de anular el acuerdo, por muchas firmas que recauden los ciudadanos. La oposición recuerda constantemente que el PP local no llevaba esta medida en el programa electoral de las últimas elecciones, pero la alcaldía defiende que no les quedó más remedio. El pasado jueves Aqualia y el alcalde firmaron el contrato, pero no había notarios presentes. Según fuentes de FCC, la firma tiene “carácter vinculante”, aunque el documento todavía no ha pasado por la notaría. El acuerdo consistió en la conversión de Aguas de Alcázar de una empresa pública a una de titularidad mixta. Aqualia ha formado para esta venta una sociedad específica llamada Aqualcazar. Una vez el documento sea certificado por un notario, la nueva entidad privatizada será inscrita en el registro mercantil. Según Ortega, la nueva empresa entrará en funcionamiento el próximo abril.
