Interior sugiere a los partidos regular el uso del ‘burka’ en la ley de seguridad
Fernández Díaz apunta que la prenda puede dificultar la identificación en delitos
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sugerido hoy que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana resulta el marco adecuado para regular el uso del burka.No obstante, ha dejado la decisión en manos de los grupos parlamentarios, a la espera de que alcancen “consensos”.
El ministro ha comparecido para presentar el balance de seguridad vial del verano junto a la directora general de Tráfico, María Seguí, y ha explicado, a preguntas de los periodistas, que la posición de su departamento en este asunto “tiene dos dimensiones”. La primera es el convencimiento del propio Fernández Díaz de que el burka denigra a las mujeres que lo llevan. “Creo que tiene que ver con la dignidad de la mujer y me parece que la prenda atenta contra la dignidad, pero eso no es competencia exclusiva de Interior”, ha sostenido. A renglón seguido, ha añadido una segunda “dimensión” a este asunto, “en la medida en que [el burka] dificulta la identificación de una persona que pueda cometer un acto ilícito”.
Fernández Díaz ha recordado que la norma que ha diseñado su departamento, pendiente aún de recibir el visto bueno del Congreso, “contempla sanciones para personas que asisten a manifestaciones embozadas, de manera que impiden su identificación” por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
El titular de Interior ha pedido “esperar a ver cómo evoluciona” la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y defendió que el trámite parlamentario de enmiendas a su texto que los distintos partidos han presentado en el Congreso puede suponer “un buen momento para buscar consensos”.
El Gobierno aprobó el pasado mes de julio una versión suavizada del polémico texto inicial que había presentado el Ministerio del Interior y que acumuló reparos no sólo del conjunto de las fuerzas de la oposición, que lo tacharon, entre otros aspectos, de “ley mordaza” contra las manifestaciones ciudadanas, sino también del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.
En cualquier caso, el proyecto de ley sigue suscitando duras críticas en todas las formaciones con escaño en el Congreso, que han exigido su retirada desde el primer momento, salvo el Partido Popular.
La última modificación del texto, que incorpora ya las recomendaciones realizadas por los distintos organismos consultivos, prohibirá por primera vez por ley las redadas indiscriminadas o basadas en motivos étnicos, regulará los cacheos y establecerá que las personas que quedan retenidas en comisaría para ser identificadas no podrán serlo por un plazo superior a seis horas.
Regulación catalana
El Gobierno catalán anunció ayer el inicio del trámite de la ley de protección de la seguridad en el espacio público, que regulará el uso del velo integral en la calle. La norma, asegura el Ejecutivo, no pretende "perjudicar la libertad religiosa". No establece multas.
Desde 2010, un total de 17 localidades catalanas han aprobado el veto al burka y al niqab en zonas municipales, pero sólo siete han desarrollado los cambios normativos. No se ha impuesto ninguna multa.
El primer municipio en aprobar el veto fue Lleida, gobernada por el PSC. El Tribunal Superior catalán lo rechazó al dictaminar que un alcalde no tiene competencias para regular la libertad religiosa. El último ha sido Reus (CiU y PP), en julio; no incluye régimen sancionador.
