Las medidas contra los curas pederastas de EE UU colisionan con el derecho civil, según los juristas

La transparencia a la que se comprometió en junio la Iglesia católica de Estados Unidos al abordar los casos de pederastia puede pasar a la historia esta semana. La Conferencia Episcopal inicia hoy una revisión de la política de tolerancia cero, que establece tribunales secretos para juzgar a los implicados, limita a 28 años la edad para denunciar los abusos y exime a los obispos de tener que alertar a las autoridades. En opinión de los juristas, esta contrarreforma sienta un rumbo de colisión sin precedentes entre el derecho canónico y el civil.

Si, como está previsto, la Conferencia Episcopal de EE UU aprueba los cambios, los sacerdotes acusados de abusar de menores ya no serán suspendidos de forma inmediata, tal y como establecía la política de tolerancia cero. Bajo la nueva normativa, el obispo responsable en cada caso abriría primero una 'investigación preliminar', durante la cual el supuesto pederasta permanecería en su ministerio y además su identidad quedaría protegida.

De comprobarse la veracidad de los alegatos, el caso pasaría a la segunda fase, denominada libelus, en la que un tribunal eclesiástico lo juzgaría a puerta cerrada. El sacerdote tendrá derecho a un abogado defensor y a apelar su sentencia al Vaticano. Aunque la Iglesia quiere que este proceso sea secreto, cabe la posibilidad -y así lo desean los fiscales- de que la víctima haga una denuncia simultánea en los tribunales civiles. Ahí empezaría el dilema jurídico, para el cual nadie tiene respuesta por el momento.

El escenario más probable es que se celebren dos investigaciones y dos juicios al mismo tiempo, bajo leyes, abogados, jueces y testigos distintos y, obviamente, con resultados distintos. Los problemas que ello representaría son múltiples: la Iglesia, por ejemplo, puede absolver al pederasta y los tribunales civiles condenarlo a prisión; los jueces civiles pueden solicitar documentos, pruebas o testimonios a los jueces de la Iglesia y éstos negarse. Los tribunales civiles podrían entonces demandar a los eclesiásticos. El fiscal Michael McCann señala otro potencial conflicto: 'La Iglesia puede sellar las declaraciones incriminatorias o confesiones de un sacerdote'.

Pero de todas las posibles situaciones atípicas, la peor, en opinión de los jusristas, es que la Iglesia decida convocar los tribunales en Roma, fuera del alcance de la jurisdicción estadounidense. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Wilton Gregory, ha dicho que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el lugar donde se establecerían los tribunales, pero indica que lo más probable es que se creen en EE UU y sean regionales, en vez de uno por cada una de las 194 diócesis. No descartó, sin embargo, que puedieran tener lugar en Roma en algunos casos.

Críticas de las víctimas

El obispo Gregory acordó días atrás en Roma la revisión de la tolerancia cero tras reunirse con una comisión vaticana. La Santa Sede había rechazado la política adoptada en Dallas aduciendo que es contraria al derecho canónico que rige la Iglesia en el mundo. Los obispos americanos aceptaron modificarla en armonía con el derecho canónico. La decisión suscitó inmediatamente duras críticas de las organizaciones de víctimas, y otras laicas de católicos que quieren más transparencia y más participación en las decisiones de la Iglesia, en general, y de la pederastia en particular.

Gregory niega que estén dando un paso atrás. Según él, los cambios pretenden dar a las diócesis una guía clara de procedimiento para proteger el derecho de las víctimas sin victimizar a los sacerdotes, 'que también tienen derechos'. Los presuntos pederastas sólo serán suspendidos si los tribunales eclesiásticos determinan su culpabilidad.

Para las organizaciones de víctimas, esos cambios son 'inaceptables' y han convocado protestas a lo largo de esta semana. Sospechan que el secretismo de los tribunales abre 'potencialmente' las puertas a volver a encubrir los abusos y, por otra parte, dicen que la contrarreforma demuestra que la tolerancia cero aprobada en junio fue una 'pantomima' para acallar los ánimos exaltados por los centenares de casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia.

Muchos de esos casos no tendrían validez si hubieran estado vigentes las normas que los obispos van a votar esta semana. 'El 85% de los que han denunciado los abusos tiene más de 28 años, en otras palabras, las víctimas tendrán que volver a seguir sufriendo en silencio', afirma el director de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual del Clero, David Clohessy. Éste sostiene, además, que los obispos ganan con estos cambios 'más discreccionalidad y, sin embargo, siguen sin asumir responsabilidades'. Los obispos podrán, en última instancia, desoír el veredicto de un tribunal canónico y tomar la decisión de suspender o mantener a un sacerdote si las cambios propuestos no sufren una modificación durante la Conferencia Episcopal que hoy comienza.