Los cirujanos demandarán al fabricante de las prótesis adulteradas PIP

Los cirujanos de estética españoles se consideran también víctimas del escándalo de las prótesis de mama adulteradas. La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (Secpre) —que agrupa a 900 facultativos— emprenderá acciones legales contra el fabricante de los implantes fraudulentos: la empresa francesa Poly Implant Prothèse, que comercializó bajo la marca PIP prótesis elaboradas con silicona industrial no apta y con un riesgo de rotura mucho mayor. La Secpre también demandará —sus abogados estudian ante qué tribunales— como responsable subsidiario a las autoridades francesas, o europeas, que no detectaron a tiempo que estos implantes dañinos se estaban vendiendo. Entre 400.000 y 500.000 mujeres en todo el mundo llevan prótesis PIP, que se retiraron del mercado en 2010 tras un aviso de la agencia del medicamento francesa, alertada por decenas de casos de roturas. Se calcula que en España hay entre 8.000 y 12.000 afectadas.

No es la primera demanda que se presentaría contra Poly Implant Prothèse. Tampoco contra su fundador, Jean Claude Mas. El empresario está siendo investigado por estafa y ya ha sido imputado por daños involuntarios en la causa abierta por la Fiscalía de Marsella, que investiga el caso. En ese país, además del Gobierno, unas 2.500 mujeres han denunciado a la compañía por roturas de sus prótesis y otros daños en la salud. Un escándalo sanitario que ha llevado al Gobierno francés a pedir a todas las portadoras de las PIP que se las retiren. Iniciativa que imitaron después otros como Alemania, Holanda Venezuela o Brasil. Las autoridades sanitarias de estos países sostienen que esta medida preventiva es necesaria, ya que es mejor extraer estas prótesis antes de que se rompan (tienen un riesgo de rotura tres veces superior al habitual).

En España, el Ministerio de Sanidad no aconseja a las mujeres que se extraigan las prótesis si no hay rotura. Si la hay, Sanidad solo cubrirá, además, el coste de aquellas intervenciones que se hubieran hecho por razones sanitarias (por ejemplo las reconstrucciones mamarias tras un cáncer). El ministerio sostiene que el resto, la intervención y la sustitución de las prótesis de las mujeres que se operaron por razones de estética, deben afrontarlo las clínicas. O sus seguros. Algo con lo que los cirujanos no están de acuerdo.

“Este es un tema de salud pública y por tanto los costes deberían repercutir en quien ha llevado a cabo el fraude. O en los responsables de que el fraude se haya cometido y las aseguradoras de ambos”, afirma Jaume Massià, presidente de la Secpre. Algo complicado, sin embargo, reclamar esos costes al fabricante ya que la empresa —que llegó a ser la tercera del mundo en el sector— se declaró en quiebra en 2009. Antes incluso de que las autoridades detectaran el fraude. Massià explica también que para los cirujanos y clínicas el tema es “complejo” ya que normalmente los seguros de los que disponen solo cubren los materiales bien fabricados, dice. “Nosotros, al igual que las pacientes, hemos sido estafados; y en esto no solo tiene responsabilidad la empresa, que adulteró las prótesis en busca de más beneficio [el gel de silicona industrial usado era 10 veces más barato que el homologado]; también las autoridades porque estos implantes y el fabricante contaban con todos los permisos legales para vender el producto”, expone Massià.

Las PIP contaban con el sello CE, que ofrece la garantía de la Unión Europea y permite comercializarse en ella. Sin embargo, un sistema muy laxo de exámenes y de vigilancia —las empresas reciben notificación de las inspecciones seis semanas antes— permitieron que las prótesis se comercializaran en medio mundo. La falta de un registro de este tipo de productos sanitarios provocó que los daños no fueran detectados a tiempo.

Algo que no deja de criticar Eva Giménez, una de las fundadoras de la Plataforma de Afectadas por las PIP, que prepara también una demanda colectiva. Giménez recuerda, sin embargo, que los cirujanos tampoco alertaron a tiempo de las roturas de las prótesis. “Todo el sistema falló y en él están los cirujanos. Hay que revisarlo e introducir más controles en todos los eslabones de la cadena”, dice. Giménez añade que la mayoría de las clínicas se niegan, de momento, a afrontar el coste de las extracciones de las prótesis PIP. “So las mujeres las que pagan”, afirma.