La modificación de la ley del aborto aleja a España de Europa

En la mayoría de la UE abortar es un derecho en las primeras semanas de gestación

Otros Gobiernos conservadores no han cambiado su regulación

La intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo la semana pasada que hay una “violencia de género estructural” que impele a las mujeres a abortar. Si la reforma de Gallardón sigue adelante, España puede ver pasar a la católica Irlanda, uno de los países en los que más limitada está esta prestación, pero que ya da pasos de apertura.

Volver a un sistema de supuestos como el vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— devolvería a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo dijo rotundamente hace unos días: “El aborto no es un derecho, es un fracaso”.

Pero el cambio que se atisba en España lo han eludido otros Gobiernos conservadores, en Portugal o en Italia. Solo Hungría, con la ultraderecha de Viktor Orban en el poder, escenificó un movimiento similar al modificar su Constitución para recoger que la vida debe protegerse “desde su concepción”. El artículo abre las puertas a una futura reforma represiva de su ley de aborto (libre hasta la semana 18ª). Algo para lo que, sin embargo, el país “no está preparado”, según Orban.

“Otros Estados, aunque no han llegado a emprender el camino que quiere iniciar España, han intentado limitar de alguna forma la interrupción voluntaria del embarazo”, expone Irene Donadio, experta de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF European Network), organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Se refiere, por ejemplo, a Lituania o Letonia, cuyos Parlamentos votaron propuestas para restringir sus leyes de plazos (hasta la semana 12ª). No progresaron. Tampoco tuvo éxito en Polonia el plan de endurecer aún más su ya limitada norma.

Pasos que desoyen, además, las recomendaciones de órganos como el Consejo de Europa, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restringidas. “Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él”, dice la parlamentaria británica demoliberal Jenny Tonge. “Seguirán abortando, pero de manera clandestina e insegura”, añade. Tonge, una médica que antes de ocupar su escaño se dedicó a temas de planificación familiar, explica que las mujeres encuentran formas de hacerlo: “Desde introducirse objetos o sustancias en la vagina a autolesionarse o ingerir fármacos”, asegura. Solo las que se lo pueden permitir —como hacían algunas españolas antes de la despenalización— viajan a países con leyes de plazos. Alrededor de 6.000 irlandesas se trasladan cada año a Reino Unido para poner fin a su embarazo, según un informe aún inédito de la IPPF, que analiza la situación del aborto en la UE. Algo que les puede costar entre 800 y 1.200 euros.

Irlanda impidió abortar a una mujer con cáncer, ahora revisa su normativa

Irlanda es, tras Malta —donde abortar está prohibido—, el país más restrictivo. Solo lo permite si la vida de la mujer corre “grave y sustancial riesgo”. Un peligro que no se especifica en ninguna regulación y queda a diagnóstico del médico. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer, enferma de cáncer, a la que negó un aborto terapéutico. La afectada tuvo que irse a Reino Unido.

Ahora, tras la resaca de la sentencia, en la que el Tribunal criticaba la ausencia de criterios legales para evaluar ese “riesgo sustancial” y las severas sanciones a las que se enfrentan quienes faciliten la intervención, el Gobierno irlandés ha formado un comité de expertos que estudia cómo introducir las recomendaciones de Estrasburgo. Denise Ryan, consejera de la organización irlandesa de planificación familiar IFPA, cree que ese debate es un avance. No obstante, recuerda que no es la primera vez que algo así ocurre y todo queda en nada.

Si, finalmente, España decide alejarse de la tónica europea, el Gobierno debe decidir en qué espejo mirarse. ¿Un modelo atávico como el irlandés? Gallardón ha asegurado que el modelo de supuestos al que quiere volver “funciona en los grandes países occidentales”. Se refiere, quizá, a Reino Unido o Finlandia, donde la mujer debe alegar alguna razón para abortar. Supuestos que incluyen, no obstante, el de “riesgo económico y social”, un amplio paraguas que, de facto, permite el plazo de aborto libre.

Limitación temporal

Prohibido

Solo Malta prohíbe el aborto en cualquier circunstancia. En otros lugares, como Irlanda o Polonia, interrumpir el embarazo no es ilegal aunque está muy restringido.

Supuestos

Apenas cuatro países se rigen por un sistema de supuestos: Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. En este último, donde el Estado cubre los gastos de la intervención (salvo las tasas), las mujeres pueden abortar hasta la semana 12ª de gestación si seguir adelante les puede suponer “una carga”. En Chipre no hay límite de tiempo para abortar. Allí, además de los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre (físico o mental), existe opción de abortar si llevar a término el embarazo puede “perjudicar socialmente a la mujer o a su familia”. La paciente necesita el dictamen de dos médicos para aprobar la intervención.

Autorización paterna

En la República Checa y en España, las mujeres de 16 y 17 años no necesitan autorización paterna para abortar, aunque deben informar de ello a su familia. Un trámite que en España pueden evitar si contarlo en casa les puede causar un conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha asegurado, sin embargo, que cambiará la ley para exigir a las menores consentimiento paterno. Estonia, que hasta 2009 no exigía ese permiso, cambió su legislación para que fuera imprescindible. En Francia las menores de edad también necesitan permiso; pueden, sin embargo, salvar ese paso si por algún motivo prefieren mantener en secreto su decisión; pero deben ir acompañadas por un adulto.

Reflexión

La mayoría de los países con leyes de plazos imponen un periodo de reflexión a la mujer antes de someterse a la intervención. En Bélgica es de seis días y antes las mujeres reciben asesoramiento obligatorio de las alternativas a la interrupción del embarazo. En Francia (ley de plazos hasta la semana 12ª) deben aguardar una semana después de la primera consulta. En Alemania, Hungría y España el plazo de reflexión es de tres días.

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