CiU apoya el nuevo sistema para elegir al presidente de RTVE

Es el único partido que vota a favor del decreto que permitirá al PP nombrar en solitario al máximo cargo de la Corporación

Sede de RTVE en Torrespaña (Madrid). / CARLOS ROSILLO

Convergencia i Unió (CiU) ha votado a favor del real decreto ley que incluye el nuevo sistema que permitirá nombrar al presidente de la Corporación RTVE por mayoría absoluta en la Cámara baja. Es el único partido que ha apoyado la norma, aprobada hoy en el Congreso con 193 votos favorables (PP y CiU), 122 en contra y ninguna abstención. No obstante, en su intervención durante el debate para refrendar el decreto-ley, la diputada de CiU Monserrat Surroca ha advertido que su formación respalda el fondo de la medida pero no las formas, en el sentido de que considera que debería tramitarse como proyecto de ley, y no como decreto.

El decreto da un giro radical al modelo de gobernanza de la televisión pública al eliminar la necesidad de que el presidente de RTVE sea nombrado por dos tercios del Congreso. A partir de ahora, el próximo responsable de la corporación podrá ser designado solo con mayoría absoluta. La elección del presidente y los consejeros será por mayoría de dos tercios en una primera votación y por mayoría absoluta en segunda votación, 24 horas después. Este cambio en las reglas del juego es el principal argumento que esgrimen los socialistas para rechazar cualquier posibilidad de pacto con el PP.  Su portavoz en la comisión de control de RTVE, Juan Luis Gordo, ha afirmado en el Congreso que la medida "hace saltar por los aires" una RTVE independiente, y se ha mostrado convencido de que el único objetivo que se mantiene con esta aprobación es "manipular" la televisión pública para convertirla en una de "partido".

El Gobierno esgrime que el objetivo de la modificación en el sistema de elección del presidente de RTVE es "resolver el bloqueo" que sufre la corporación ante la vacante de presidente, que dimitió la pasada legislatura, y la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para sustituirlo. Desde julio de 2011, cuando dimitió Alberto Oliart, la corporación está descabezada. Los consejeros han ido rotando cada mes en la presidencia, pero con una mermada capacidad de mando.

Hasta el momento, Rajoy solo ha puesto encima de la mesa un nombre para presidir la televisión pública. Su identidad no ha sido revelada, aunque a los socialistas no les ha gustado el currículo profesional que atesora el candidato del jefe del Ejecutivo, ligado al PP gallego.

El decreto ley también reduce de 12 a nueve el número de consejeros. Dos de las plazas suprimidas corresponden a las personas que hasta ahora eran elegidas a propuesta de los sindicatos. Para garantizar la presencia de estos dentro de los órganos de RTVE, la nueva norma establece que uno de los nueve consejeros será designado de común acuerdo por todos los sindicatos con implantación en la corporación. Y para el nombramiento de los consejeros solo se requiere la mayoría absoluta del Congreso (elige a cinco) o del Senado (proclama a cuatro).

El PP tiene urgencia por nombrar a los nuevos consejeros (uno de los cuales accederá al cargo de presidente) para dar un golpe de timón en la televisión pública y relevar a los directores de TVE y RNE y a los jefes de los informativos. Pero inicialmente solo se podrán elegir cinco miembros, ya que cuatro de los actuales vocales (dos del PP, uno del PSOE y otro de IU) no concluyen su mandato hasta enero de 2013.

Además, a partir de ahora, los consejeros no tendrán plena dedicación y cobrarán solo dietas por asistencia a las sesiones. En la práctica, los miembros del Consejo de Administración, con un menor peso en la gestión, se reunirá aproximadamente una vez al mes (ahora lo hacen una vez por semana). El Consejo dejará de ser un órgano colegiado de control y su papel será casi simbólico, según coinciden los principales grupos de la oposición.

La norma incluye un apartado en el que se consagra el derecho de las emisoras de radio a entrar en los estadios de fútbol para informar en directo sin necesidad de pagar un canon, aunque sí deberán abonar los gastos que suponga el uso de determinadas instalaciones.

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