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El Gobierno recorta un 15% la paga a los cuidadores familiares de la Dependencia

La medida se suma al fin de la cotización social para las personas que cuidan a familiares

La Administración tendrá dos años para tramitar la ayuda sin generar atrasos

Ana Mato conversa con consejeros y otros asistentes a la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia EFE

La paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15% como mínimo. Es una de las medidas que han acordado el Gobierno y las comunidades autónomas este martes. Esta prestación por cuidados en el entorno familiar alcanza como media unos 400 euros mensuales y le cuesta a las Administraciones 1.900 millones de euros al año. La reducción de ese 15% supone un ahorro de 285 millones de euros, una cantidad equivalente a la que ha perdido la dependencia en los recientes Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, podría decirse que serán las familias las que pagarán esa rebaja presupuestaria. Además las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.

Pero la pretendida unificación nacional que ha vendido el Gobierno, "a igual grado de dependencia, similar atención", no está garantizada porque habrá flexibilidad y cada comunidad podrá reducir aún más ese porcentaje. La consejera de Castilla y León -una de las comunidades que mejor gestiona la ley-, Milagros Marcos, reconoce que en su región esa paga sufrirá una rebaja mayor: "Se trata de hacer menos atractivas aún las pagas familiares, de tal forma que los ciudadanos se decanten por los servicios, como la mejor manera de generar empleo". El problema es cuando alguna comunidad rebaje mucho la paga familiar y siga desatendiendo los servicios. Aquí pueden generarse 17 sistemas.

¿Es esto un empleo?

Los cuidados en el entorno familiar -427.747 ayudas son de esta clase- están atendidos mayoritariamente por mujeres, que ahora recibirán menos dinero y además, alrededor de 180.000 por las que ahora cotizaba el Gobierno en la Seguridad Social, perderán ese derecho. Es cierto que estrictamente no era empleo, y que durante mucho tiempo estas ayudas han impedido que se atendiera a los dependientes con servicios profesionales, como residencias y centros de día.

El Gobierno entiende que con esta medida las familias optarán por los servicios profesionales en lugar de la prestación económica, lo que redundará en creación de empleo y liberación para la mujer. Pero en tiempos de crisis son miles las familias que ayudaban sus pobres economías con esta paga y nadie puede afirmar, porque no hay estudios ni inspecciones para ello, que se les atienda ni mejor ni peor que en residencias. Además, no siempre se trataba de una elección personal: a veces se concedía esta ayuda porque la Administración no tenía servicios que ofrecer, ni plazas de geriátrico ni centros de día. Tampoco parece que, dada la situación económica, vayan ahora a abundar las plazas si no hay mayor inversión , por lo que muchas familias pueden verse sin servicios y con una paga de cuidador reducida más del 15% fijado como obligatorio.

La duda es si todas las comunidades harán un trasvase de dinero desde las prestaciones económicas a los servicios, o si seguirán acusándose los problemas de gestión tan habituales recientemente.

La segunda gran medida que se ha tomado ha sido la ampliación a dos años del periodo en que las comunidades tienen para atender a los dependientes sin generar retroactividad económica, en lugar de los seis meses actuales. Es decir, la Administración puede retrasarse hasta dos años para tramitar el expediente del usuario y concederle la ayuda. Si esta es una prestación económica, el dependiente no recibirá atrasos por ese periodo. Es un plazo suficientemente amplio para que muchos ciudadanos mueran esperando su ayuda. Es un colectivo "muy vulnerable", como muchas veces, este mismo martes, ha señalado la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato.

Los dependientes moderados no entrarán al sistema hasta el año 2015, un año más de retraso. La justificación es que así se puede atender a los grandes y moderados, pero en realidad eso no ha ocurrido, porque en la actualidad no se atiende por dependencia a los moderados, pero tampoco se están sustituyendo las bajas en el sistema; es decir, no entra al sistema tanta gente como causa baja.

El Gobierno ha corregido su propuesta de tomar como medida para el copago ciudadano el 75% del IPREM. El que no alcance el 100% del IMPREM, 532 euros, no pagará nada. A partir de ahí se establecerán tramos en función de la renta y el patrimonio (en el que se incluye como cómputo el 5% del valor catastral). "El copago sube, sí, en virtud de esos tramos", ha reconocido la consejera de Andalucía.

Otro de los grandes cambios es el reparto del dinero, que ahora se hará de forma ponderada siguiendo un calendario. Cada año, a partir de 2013 se reservará un porcentaje del dinero total que reparte el Gobierno a las comunidades y se repartirá con otro criterio: se será más generoso con aquellas comunidades que presten más servicios respecto a las que den más ayudas al cuidador familiar. Cada año se ampliará este porcentaje hasta repartir la mitad del dinero con este criterio. Eso sería en cinco años.

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