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El Gobierno recurre al Constitucional el decreto vasco que impide el nuevo copago

El Consejo de Estado dictamina que la financiación del sistema sanitario solo puede ser definida por el Ejecutivo central

El Consejo de Ministros ha decidido hoy recurrir en el Tribunal Constitucional el decreto del País Vasco que impide la aplicación del nuevo copago farmacéutico en esa comunidad, tras conocer el dictamen del Consejo de Estado que entiende que la norma autonómica "contraviene" la básica del Estado. El Gobierno vasco, por su parte, tiene ya iniciado su propio procedimiento para recurrir al Constitucional tanto el decreto estatal que introdujo el nuevo copago como el que regula los recortes en el ámbito educativo.

El informe del Consejo, aprobado por mayoría de la Comisión Permanente, constata que el decreto autonómico "difiere" de la regulación estatal tanto en la fijación del porcentaje de la aportación del usuario como en la relación de aquellos beneficiarios exentos, que es más amplia.

El decreto-ley permite a las comunidades mejorar o ampliar las carteras autonómicas de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), explica el Consejo de Estado. Estas carteras complementarias podrán incorporar técnicas, tecnologías o procedimientos, pero "no parece -dice el Consejo de Estado- que puedan ampliar la cobertura financiera de una prestación sujeta a copago conforme a las normas básicas del Estado". Al Estado corresponde "en exclusiva", de acuerdo con doctrina constitucional, definir la financiación del SNS, añade.

El mismo decreto autonómico pretende también evitar la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, lo que el Consejo interpreta como "divergente" con la legislación estatal e "incompatible" con ésta.

El Consejo de Estado indica que las comunidades autónomas "carecen de competencia" para regular materialmente el derecho de acceso a las prestaciones sanitarias, por corresponder al Estado en virtud del artículo 146.1.16ª de la Constitución. En este sentido, asegura el Consejo, la redacción del decreto-ley "no ha dejado espacio" a que las autonomías agreguen nuevas categorías de personas con derecho a las prestaciones.