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Bruselas aplaude la reforma de la Ley de Costas porque protege a los propietarios

La vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, cree que es una buena noticia para la economía española porque los extranjeros invertirán con más confianza

Viviendas con amarres en Empuriabrava afectadas por la Ley de Costas.
Viviendas con amarres en Empuriabrava afectadas por la Ley de Costas.

Bruselas cree que la reforma de la Ley de Costas que ha elaborado el Gobierno de Rajoy es positiva. La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Viviane Reding, ha expresado hoy su satisfacción por el proyecto porque "ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios" de fincas en el litoral a la vez que protege eficazmente el medio ambiente. "Es una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir", subraya en un comunicado.

Reding se hace eco así de las múltiples quejas que han remitido a la CE ciudadanos europeos que han comprado propiedades en el litoral y que consideran que la ley actual viola sus derechos porque en muchas ocasiones les despoja de la titularidad de un terreno en favor del dominio público. Unos 2,3 millones de ciudadanos de otros países de la UE tienen posesiones en la costa. De ellos, alrededor de 367.000 son británicos, 238.000 alemanes, 225.000 franceses, 99.000 italianos, 52.000 neerlandeses y 17.000 irlandeses.

La nueva ley beneficia a muchos de estos propietarios porque amplía las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual, y diseña un régimen especial para 11 zonas problemáticas, a las que excluye del dominio público marítimo terrestre. Las concesiones empezaban a caducar en 2018 y, según el Gobierno de Rajoy, reformar este punto es necesario para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.

"El Gobierno español tiene razón al proteger la belleza de la costa marítima de su país y aplaudo el cuidado que demuestra al hacerlo de forma que se mejore la seguridad jurídica de los ciudadanos que ya poseen un bien inmobiliario en la costa española o que están pensando en adquirirlo", juzga la vicepresidenta de la Comisión.

No opinan lo mismo los ecologistas, que desde que se conoció el texto, el pasado 13 de julio, han emprendido una batalla contra lo que consideran un atentado medioambiental que da vía libre a nuevas ilegalidades urbanísticas. También ha criticado la reforma el PSOE, que considera que la reforma huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general".

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