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“Se antepone la crisis a nuestra salud”

La Asociación General de Pacientes denuncia las crecientes dificultades para acceder a los tratamientos innovadores. “La mejor forma de recortar es prevenir”, afirman

Antonio Canalejo, trasplantado de hígado, y Carmen Varela, enferma de hepatitis C. Ampliar foto
Antonio Canalejo, trasplantado de hígado, y Carmen Varela, enferma de hepatitis C.

Los recortes en sanidad ya afectan a los enfermos. De dos maneras. Por un lado, porque después del cambio del copago y la desfinanciación de algunos medicamentos tienen que pagar más por los tratamientos que necesitan. Por otro, porque ven con impotencia que, por un motivo económico, se les niegan las últimas novedades. Así lo ha denunciado esta mañana la Asociación General de Pacientes en un acto en el que ha presentado un manifiesto en el que denuncian esta situación. “Se antepone la crisis a nuestra salud”, dice Alejandro Toledo, presidente de la asociación.

No es un ejercicio teórico. Y si no, que le pregunten a Carmen Varela. Esta mujer, socia de la Asociación Catalana de Pacientes con Hepatitis C (Asscat) —“aunque vivo en Madrid”, matiza— fue diagnosticada de esa enfermedad hepática hace 10 años “por casualidad, como muchos”. Después de un tiempo con controles, numerosas pruebas –ninguna especialmente barata- como ecografías y análisis, su médico le recomendó seguir el tratamiento estándar hasta ahora para esta enfermedad: ribavirina e interferón. “Estuve un año y tres meses. Pareció que había resultado, y que el virus estaba inactivo, pero poco después se vio que el virus había vuelto a hacer de las suyas”, cuenta.

La noticia no podía ser peor. No solo se había malgastado un esfuerzo y un dinero en tratarla sin resultado (con unos efectos secundarios que pueden ser muy duros para los pacientes). Con el virus sin control, la perspectiva de una persona con hepatitis C es desarrollar una cirrosis o un cáncer hepático. Pero Varela vio cómo, hace relativamente poco, aparecían “nuevos tratamientos” (unos inhibidores de un proceso celular que hay que tomar acompañado de la medicación estándar y que ha aumentado en algunos tipos de virus la curación del 60% a casi el 100%). “Están aprobados aquí, pero en el hospital me han dicho que no me lo dan porque no hay dinero. Por lo visto tenemos que esperar a ponernos muy malitos y tener una cirrosis o necesitar un trasplante para que nos lo den”, se queja.

Un hospital niega una terapia novedosa a una enferma de hepatitis C

No es la única. Otro grupo de enfermos que espera con ilusión un nuevo fármaco es el de los anticoagulados. “Después de 60 años con el Sintrom, hay un nuevo producto para la fibrilación auricular que permite controlar lo sin necesitar de controles periódicos”, dice Luciano Arochena, presidente de Feasan (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados), dice. “Las altas esferas nos dicen que no nos lo dan porque está en estudio, que no es por el costo, pero la realidad es la contraria”, afirma Arochena. El problema es que “no se puede comprar caja a caja”. Porque si solo eso es el criterio, la opción está clara: de los dos euros que cuesta el tratamiento tradicional a los más de 90 del nuevo. Pero Arochena, que es ingeniero, cree que hay que mirar más allá. El nuevo fármaco “no requiere control periódico, sino uno cada seis meses. También se ahorra en tiempo de la enfermera, en las tiras reactivas -a veces se usan cuatro en cada análisis y cada una cuesta cinco euros, dice-. Y permite viajar. Tuvimos un paciente que estaba en China. Para hacerse el control tuvo que buscar un hospital, buscar un intérprete y pagar todo eso. ¡Imaginen la factura que presentó!”, dice Arochena.

De las ventajas de este fármaco sabe José Luis de Haro Ortega. Este hombre de 83 años lleva unos cinco con tratamiento de anticoagulación. “Pero es muy latoso”, dice. Un médico especialista le recetó el nuevo, y empezó a tomarlo. “Pero llegó el médico del seguro y me dijo que no me lo podía recetar porque es muy caro”, cuenta. Así que ahora no puede seguirlo, y tiene que plantearse volver al tratamiento anterior, porque no puede pagar los 98 euros que le costaría seguir con el nuevo. “Vivo en Barcelona, y entre el euro por receta, el cambio del copago y esto le han pegado un buen mordisco a mi pensión”, dice.

La casuística es variada. Antonio Canalejo está trasplantado de hígado, y su mujer, de corazón. Con el cambio del copago las medicaciones que toman han pasado de costarles cero euros, a más de 60. “Y todavía no nos han devuelto nada”, dice, aunque son jubilados y han excedido claramente el límite marcado por el real decreto de recortes. Canalejo tiene otro problema: uno de los medicamentos que tomaba, el Omacor, ha salido de la lista de los financiados por la sanidad pública. Y la caja de 100 comprimidos cuesta 68 euros. Toma dos comprimidos al día. Así que ahora ha decidido reducir la dosis a uno diario. “Pero me encuentro que las piernas se me hinchan. No sé si será por eso”, dice.

Los anticoagulados denuncian que no pueden acceder a un tratamiento que les libra de un control periódico 

En teoría, para él existe una excepción en el decreto, y deberían podérselo recetar. “Pero mi médica es muy estricta. Voy a tener que unir a la Inspección Médica a ver si me lo solucionan”, dice.

Alejandro Toledo, que presiden también la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón (Alcer), pone otro ejemplo. Las distintas medidas autonómicas hacen que, por ejemplo, la diálisis peritoneal, que se puede hacer en casa y es más cómoda para el paciente tiene una implantación muy desigual. Las diferencias entre comunidades son otro de los aspectos que los pacientes critican. “En Navarra y País Vasco llega a más del 20% de los pacientes. En Aragón está en el 2% y en la Comunidad Valenciana en el 6%”, dice Toledo.

Y la situación aún puede empeorar. “Los pacientes aguardamos el desarrollo definitivo” del real decreto ley de los recortes de abril de este año “con dudas y el temor de que muchas familias no podrán asumir más costes”, dice el manifiesto de la Asociación general de Pacientes. Por ejemplo, Toledo menciona la futura regulación del transporte sanitario no urgente. Por su cargo se ha interesado por los que van a diálisis. “La ministra [Ana Mato] y la secretaria general de Sanidad [Pilar Farjas] nos han dicho que ese transporte sanitario no urgente va a ser recalificado como vital”, dice. Eso supondría que la mayoría lo tendría “exento de copago menos el 3% de mayores ingresos, que tendrán que pagar parte”. Es un alivio para unos colectivos que temen que va a tener que apretarse aún más el cinturón.

Y, sobre esta incertidumbre, está el hecho de las desigualdades en el tratamiento según las comunidades. Emilio Iglesia, de Europacolon, no lo entiende. “Al enfermo se le debe dar el mejor tratamiento posible y unificado en todas las comunidades autónomas. Que el mejor tratamiento sea el único que se emplee”, dice.

Iglesia, como el resto de los afectados, entiende que hay que ahorrar, pero creen que el punto de mira está equivocado. “Debemos estar más centrados en prevención. La mejor manera de recortar es prevenir”, zanja Iglesia. Claro que eso puede suponer tener una visión a largo plazo: gastar más ahora para no tener complicaciones (ictus, ingresos, trasplantes, incapacidades) a medio y largo plazo. Algo que los afectados creen que los políticos no entienden.