Cantabria se enfrenta a Industria y planta cara a la fractura hidráulica

“La tierra sangra, carroñeros”. Así resume Manuel López su batalla contra el fracking, una controvertida técnica de extracción de gas por su posible efecto negativo en el medio ambiente. López es técnico medioambiental santanderino, Daniel González es ingeniero de Obras Públicas y vive en el valle de Cabuérniga y Ángel Saiz es alcalde de Villacarriedo, un pueblo pasiego. Solo les une un objetivo: que se prohíba esta práctica en Cantabria, su tierra, y en toda España. Su campaña ha servido para que el Parlamento regional tramite una ley que prohibirá el empleo de esta técnica en abierta contradicción con la posición defendida desde el Ministerio de Industria, que anima su desarrollo.

Tan solo en esta pequeña autonomía del norte se han concedido, desde 2011, seis permisos de exploración de hidrocarburos: cinco de Industria y uno del Gobierno del anterior presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla. En España, Industria ha entregado 400.000 hectáreas —la mayoría en la cuenca del Ebro— a 22 empresas para el mismo fin.

El fracking, fractura hidráulica en castellano, se utiliza para obtener un tipo de gas llamado de pizarra o shale gas, que no está en bolsas sino en pequeñas burbujas incrustado en la roca, a unos 2.000 metros de profundidad. Para sacarlo se inyectan enormes cantidades de agua —entre 7 y 15 millones de litros— mezcladas con arena y sustancias químicas a alta presión, de tal manera que la roca se fractura y las burbujas de gas quedan liberadas.

En Cantabria se han otorgado seis permisos que afectan a un tercio del territorio

Tras meses de protestas en la región, el Gobierno de Ignacio Diego (PP) elaboró el pasado diciembre un anteproyecto de ley para prohibir esta técnica que ahora entra al debate parlamentario. Según el Ejecutivo, en dos o tres meses será aprobada, lo que convertirá a Cantabria en la primera comunidad que veta una práctica que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido en más de una ocasión. “El Gobierno continuará autorizando las extracciones de gas no convencional a través de la técnica del fracking, siempre que se cumplan las cautelas medioambientales y la normativa europea”, declaró en diciembre en el Congreso.

El Gobierno cántabro tiene en vilo a las compañías con intereses en la comunidad, que han advertido de que se perderán 100 millones de euros. “Nadie va a realizar una inversión si no tiene garantías de que no la pueda rentabilizar”, dice Margarita Hernando, secretaria general de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep). “Industria otorga un permiso de investigación para buscar hidrocarburos, pero no especifica con qué técnica; nosotros, con la nueva ley, decimos que se podrá investigar pero no mediante fracking”, aclara el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quien recuerda que las autonomías pueden regular aspectos medioambientales.

La Aciep indica, sin embargo, que solo mediante fracking se puede extraer este tipo de gas. “No creo que haya una seguridad suficiente para que las compañías inviertan en Cantabria”.

La Asamblea Antifracking aún mira el futuro con recelo. “Debe prohibirse en toda España, el agua no entiende de fronteras y si se contamina un acuífero, se contamina para todos”, explica González. Desde el Gobierno cántabro no se contempla, sin embargo, exportar su iniciativa. “Para nosotros tienen más peso los temas medioambientales que los energéticos, pero respetamos otras decisiones”, replica Fernández.

En Cantabria, los permisos concedidos afectan a un tercio del territorio. “Pero ni yo ni otros alcaldes fuimos informados hasta que nos llamaron los de la Asamblea”, lamenta Saiz. Esta agrupación ha sido pionera en la lucha contra esta práctica. Tras un año de movilizaciones, muchos cántabros conocen sus riesgos. En pueblos, comercios y casas saltan a la vista carteles y pintadas que rezan fracking no, fracking = cáncer o fracking = Cantabria finita. Unos 30 Ayuntamientos han aprobado mociones en contra y más de 2.000 personas se manifestaron en Santander el pasado 6 de octubre.

No creo que haya una seguridad suficiente para que las compañías inviertan en Cantabria Margarita Hernando (Acyep)

Ángel Saiz observa pacer a las vacas, enmarcadas en el verde y brumoso paisaje de Villacarriedo. Nacido allí, es edil desde 1999. “El 80% de nuestra economía se basa en la ganadería”, explica preocupado. “Si se contaminara el agua, sufriríamos pérdidas irreparables; los pozos y el ruido de camiones destrozarían el entorno y el turismo”.

En Shale Gas España, plataforma que agrupa a varias multinacionales petrolíferas, creen que la alarma no está justificada. “No va a haber pozos detrás de cada árbol”, dice su portavoz, Mónica Cristina. “Cualquier pozo conlleva riesgos, pero trabajando con responsabilidad, podemos minimizarlos”. Para Shale Gas España y la Aciep, lo importante es que se conozca “sin mitos ni rumores” el potencial de los recursos no convencionales. “España importa el 99% del gas que consume, tratemos de que no aumente esa dependencia”, argumenta Cristina. “Que se regule en vez de prohibirse”, reclama Hernando.

Shale Gas España y la Aciep defienden que los pozos apenas se verían, que los aditivos químicos son legales y que se creará empleo. Pero Dani, Manu y Ángel creen que un pequeño error conllevaría un alto precio: hipotecar su inmenso patrimonio natural. Todos quieren seguir luchando “hasta desterrar el fracking de España”, sentencia Ángel. Como alcalde, quiere predicar con el ejemplo: “Si vienen los camiones, seré el primero en echarme a la carretera a pararlos”.