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Castilla-La Mancha deroga el cierre de las urgencias nocturnas

La rectificación afecta a 21 centros sanitarios de la región y a más de 100.000 vecinos

Elena G. Sevillano
Carteles contra el cierre de las urgencias médicas en Chiloeches (Guadalajara).
Carteles contra el cierre de las urgencias médicas en Chiloeches (Guadalajara).CRISTÓBAL MANUEL

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado hoy la orden por la que, tres meses antes, había establecido el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región. El cierre de las urgencias había originado multitudinarias protestas en los municipios afectados e incluso la dimisión de concejales del PP que no estaban de acuerdo con la nueva regulación de la asistencia sanitaria para las zonas rurales.

Después de varias resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en las que daba la razón de manera cautelar a los Ayuntamientos afectados, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado de madrugada la derogación. El texto atribuye directamente a las decisiones judiciales la imposibilidad de seguir adelante con el plan. Y añade una queja: “A la vista de la constatación del escaso uso de estos recursos se obstaculiza el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva”, asegura. Pero esta rectificación puede, en realidad, tratarse más bien de una marcha atrás para tomar impulso.

El plan inicial queda paralizado, pero hoy mismo el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha anunciado la elaboración de uno nuevo que tiene por objetivo lo mismo que el anterior: cerrar las urgencias nocturnas de los consultorios poco frecuentados. Es posible, incluso, que tras hacer una valoración de la asistencia sanitaria que se presta en los 919 municipios de la región, se decida suprimir las mismas guardias nocturnas de los 21 puntos de urgencias y algunas más, según fuentes del Gobierno regional.

Echániz asegura que el nuevo plan, encargado a los técnicos del Servicio regional de salud (Sescam) y que se prevé que esté concluido antes del verano, será “mucho más ambicioso” que el anterior y estará encaminado a conseguir una sanidad “más moderna, más ágil y más resolutiva, que genere mucha más satisfacción a todos los ciudadanos de la región”. Sanidad explica que tomó la decisión de derogar la orden porque los procedimientos judiciales podrían tardar años en resolverse. Echániz ha criticado la “miopía” de los alcaldes que recurrieron la orden de noviembre pasado. En los municipios afectados la noticia se recibió con entusiasmo.

La orden de cierre de las urgencias nocturnas de los 21 centros entró en vigor el 14 de enero pasado. Castilla-La Mancha esperaba conseguir un ahorro de cinco millones de euros anuales con la medida, que incluía desplazar ambulancias actualmente infrautilizadas a los pueblos que se quedaban sin personal sanitario por las noches. Solo tres días después, un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha adoptó la “medida cautelarísima” de suspender la orden.

Pese a que Sanidad explicaba entonces que los vecinos perjudicados por el cierre apenas tendrían que viajar unos kilómetros hasta un centro de guardia, en la práctica se demostró que, en ocasiones, el paciente debía desplazarse en coche más de 50 kilómetros, además por carreteras peligrosas y de noche. A principios de este mes, el Gobierno de Cospedal recibió el último revés judicial: el Tribunal Superior se reafirmaba en su decisión de mantener abiertas cautelarmente las urgencias rurales de Tembleque (Toledo). Entendía que dejarlas sin personal por la noche podía suponer riesgos “patentes y ostensibles” para los ciudadanos.

El tribunal respondía al segundo recurso de la Administración regional con un auto muy contundente en el que señalaba que el ahorro económico no podía compararse con los peligros para la salud —que el Ejecutivo de Cospedal “inexplicablemente” no había rebatido— que podían derivarse de él. El Gobierno regional anunció que recurría al Tribunal Supremo, pero finalmente ha decidido no hacerlo. Los más de 10 recursos abiertos quedan, por tanto, vacíos de contenido.

La noticia de la marcha atrás del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha amenaza con reanimar las protestas en otras comunidades. En Cataluña, la Generalitat canceló en 2011 las urgencias nocturnas en 60 ambulatorios de un total de 140 que abrían durante todo el día. En Extremadura, el Gobierno anunció y ejecutó en cuestión de días el cierre de 15 PAC y redujo el horario de otros nueve. Navarra publicó en enero el decreto que reduce de 40 a 17 los centros que atienden las 24 horas del día, mientras en los 23 restantes se implanta un sistema de guardias localizadas. Y en Murcia, hubo cinco centros afectados. En todos ellos los vecinos se movilizaron, pero sin el éxito que han tenido los castellano-manchegos.

En Castilla y León, que cerró las urgencias nocturnas de 17 consultorios locales, el PSOE ha pedido hoy al Ejecutivo regional que emule al castellano-manchego. Las localidades afectadas “tienen malas carreteras” y “sus habitantes se juegan la vida para llegar a un médico por las noches”, ha afirmado el secretario de Organización y portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Óscar López. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, asegura que su caso es muy diferente del de Castilla-La Mancha: “Tenemos 3.660 consultorios locales, y solo 19 de ellos tenían guardias nocturnas. Hemos revisado la situación y solo en dos casos seguían siendo necesarias por criterios de accesibilidad”. Allí también se vivieron protestas y recursos contencioso-administrativos, pero han sido resueltos a favor del Gobierno regional.

A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (PP), ha distinguido hoy entre el cierre de los PAC “principales” en Castilla-La Mancha y el de los extremeños, que según ha asegurado estaban calificados como “accesorios” por el anterior ejecutivo, presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara.

Con información de Alejandra Agudo y Jaime Prats

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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