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La ‘marea blanca’ vuelve a la calle tras la imputación de la cúpula sanitaria

Miles de profesionales sanitarios y pacientes protestan por las calles de Madrid Los carteles rezan "Sanidad privada, sanidad imputada"

Elena G. Sevillano

La admisión a trámite de una querella por las supuestas irregularidades cometidas durante la primera fase de la privatización sanitaria en Madrid, la que empezó con la llegada a la presidencia de Esperanza Aguirre en 2003, ha dado nuevo brío a la marea blanca de protesta, que cumple ya ocho meses de lucha “por la sanidad pública”. Este mediodía, miles de ciudadanos han acudido a la Puerta del Sol con carteles reivindicativos –“sanidad privada, sanidad imputada”, se leía en algunos de ellos—y han salido en manifestación hacia la Puerta de Alcalá coreando lemas como “Sanidad pública” , “Sí se puede” y “Nada, nada, nada para la privada”.

"Esta semana se ha demostrado que hay cosas que investigar, que lo que está pasando en la sanidad puede esconder intereses ocultos", decía Gloria, enfermera en un gran hospital madrileño que llevaba un cartel con una tijera y un no en la cabeza. La admisión a trámite de la querella de la asociación de médicos Afem ha supuesto la imputación de nueve personas, entre ellas dos exconsejeros (Juan José Güemes y Manuel Lamela), dos altos cargos de la Sanidad madrileña aún en activo (Patricia Flores y Antonio Burgueño) y cinco responsables de empresas sanitarias que supuestamente se habrían beneficiado de las decisiones políticas encaminadas a privatizar la gestión de la sanidad pública.

En la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, los asistentes han lanzado al aire miles de papeletas blancas como las que se usaron en la consulta popular por la Sanidad con la casilla del sí marcada. Cuatro vehículos del servicio de limpieza Selur y una decena de operarios se afanaban por recogerlas en cuanto la manifestación ha avanzado por la calle de Alcalá hacia la Cibeles. Durante la marcha se han visto muchas batas blancas, aunque menos que en las primeras mareas blancas. “Yo soy residente de interna, pero hoy no me he traído la bata; hace demasiado calor”, decía una chica que sujetaba una pancarta donde se leía: “Salvan bancos, cierran hospitales”. La Policía ha impedido avanzar por la acera de la derecha en la calle Alcalá, la única zona en la que había sombra.

El concurso de privatización de la gestión de seis hospitales que tiene en marcha el Gobierno regional, al que se han presentado solo tres empresas que no compiten entre ellas puesto que se han interesado por centros distintos, ha protagonizado algunas de las pancartas de la marcha. “Fuera HIMA San Pablo y su turismo sanitario”, decía una que iba decorada con un paisaje tropical y un buitre. HIMA San Pablo, grupo sanitario puertorriqueño, fue la gran sorpresa en la apertura de ofertas para gestionar los hospitales públicos. La empresa no tiene actualmente ningún negocio en España ni en el resto de Europa. Su presidente afirmó en una entrevista en la Cadena Ser que con su entrada en la gestión sanitaria madrileña le interesaba “el turismo sanitario”, lo que despertó recelos. Los pliegos del concurso prohíben expresamente que se usen las instalaciones para atender a pacientes privados.

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A la llegada de la marcha a la Puerta de Alcalá, donde se ha producido al menos una lipotimia por el calor, han intervenido Paulino Cubero, director de un centro de salud de Carabanchel (Madrid) y Víctor Gutiérrez-Millet, nefrólogo del hospital 12 de Octubre y uno de los centenares de médicos que fueron jubilados forzosamente y por sorpresa a finales de abril pasado. “Esta lucha no es de derechas ni de izquierdas, es de todos los ciudadanos”, ha asegurado Gutiérrez-Millet.

La Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud) ha convocado en la capital la protesta, que también han sido organizada en varias ciudades españolas.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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