El Gobierno validó Castor en 2007

El Instituto Geológico informó a favor del depósito de gas

El Observatorio del Ebro alertó dos años antes del riesgo de terremotos

Se han registrado ya 565

La plataforma de Castor, frente a la costa de Vinaròs (Castellón). / Gudnus.com

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa interesada en construir el proyecto Castor, el mayor almacén subterráneo de gas natural de España. Las propuestas presentadas por la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que ha tenido acceso este diario. El IGME, dependiente entonces del Ministerio de Educación y Ciencia —ahora, de Economía y Competitividad—, determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. El informe fue redactado a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— que acababa de recibir la solicitud de Escal UGS para optar a una concesión administrativa que le permitiera explotar el Castor.

El informe del IGME repasa las características del almacenamiento, un antiguo yacimiento petrolífero que dejó de explotarse en 1988: las formaciones geológicas afectadas, la estanqueidad de la estructura, la aptitud para almacenar gas natural, la metodología de llenado y los controles técnicos que debían establecerse durante el proceso. Ante todas estas consideraciones, y basándose en los estudios presentados por la empresa, el IGME da su visto bueno. La estructura es “de calidad suficiente para los objetivos de almacenamiento que se persiguen”, afirma. Acerca de la estanqueidad y de las “presiones de fractura” que debía soportar, la “capacidad de confinamiento” queda también demostrada y las condiciones de operación presentan “márgenes de seguridad suficientes”.

El IGME no menciona específicamente la sísmica inducida, es decir, la posibilidad de que la actividad pudiera desencadenar actividad sísmica. Y ello pese a que la empresa, según constata el informe, realizó campañas de “sísmica 3D” de alta resolución “usando la tecnología más avanzada existente”. Gracias a esos datos se pudieron “definir con gran precisión la geometría, volumen y límites de la estructura” y las “características generales de porosidad del almacén”. Desde el Ministerio de Economía aseguran que la sísmica 3D estudia la estructura geológica, pero no las vibraciones como los sismógrafos.

Quien sí había alertado dos años antes de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, en cuyo entorno se han registrado en un mes 565 temblores, es el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Ramón Llull, entre otras instituciones. “La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”, detalló un informe realizado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del almacén. El texto es de octubre de 2005 y lo firma Arantza Ugalde, responsable de la sección de sismología del organismo e investigadora del CSIC. “La opción es atractiva. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología en zonas pobladas es susceptible de modificar la peligrosidad y el riesgo sísmico de una región determinada”, añadió.

Ayer, contactada por este diario, la científica aseguró no tener permiso para comentar el informe. Ni al personal del IGME ni al del CSIC les está permitiendo hablar con los medios de comunicación sobre la crisis sísmica del Castor, que tiene en vilo a varias poblaciones de la costa de Tarragona y Castellón. La excusa ante esa aparente falta de transparencia es que el Ministerio de Industria es el encargado de centralizar toda la información. Este departamento, sin embargo, no está contestando a las preguntas que se le formulan. Aunque ya ha quedado claro que la declaración de impacto ambiental (DIA), aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2009, no contemplaba los “riesgos sísmicos”, el de Industria sigue sin aclarar qué informes encargó dentro de su competencia para autorizar un proyecto de las características de Castor.

La investigadora del CSIC mencionó en su informe posibles escenarios futuros: “Conceptualmente, la inyección en pozos profundos puede causar una modificación en el estado de esfuerzos de las fallas resultando en el desencadenamiento de eventos sísmicos”. Por este motivo, Ugalde calificó de “imprescindible” instalar una red de monitorización para poder “revelar cambios introducidos por las operaciones de inyección” de gas en la zona. Escal UGS, la empresa gestora del Castor, asegura que, pese a que no tenía ninguna obligación de hacerlo, contrató dos sismógrafos con el Observatorio. Fueron estos aparatos los que alertaron de los microseísmos, de los que a su vez Escal informó al Ministerio de Industria.

La Comisión Europea aseguró ayer que la instalación cumplió con los procedimientos medioambientales que exige la legislación comunitaria y descartó intervenir para exigir el paro definitivo de actividad, informa Efe. La Fiscalía de Castellón informó ayer en un comunicado de que la delegada de Medio Ambiente dirigirá la investigación para “depurar las posibles responsabilidades penales”.

Un informe de la consultora URS, que elaboró el estudio de impacto ambiental del almacén, constata que el yacimiento Amposta, sobre el que se asienta el depósito, fue explotado por la compañía Shell desde 1973 hasta 1988. La Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia argumenta que durante este periodo y hasta 1998 se registraron 30 temblores. Según la Plataforma, Shell advirtió de la peligrosidad sísmica en el aprovechamiento futuro de la cavidad submarina.

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