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La ONU insta a impulsar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos

Unas 220 millones de mujeres de todo el mundo encuentran barreras para usar contracepción

Parlamentarios internacionales y ONG alertan de la dificultad de acceso a la salud reproductiva

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Manifestación contra la ley Gallardón, el pasado 8 de marzo.

Unas 220 millones de mujeres de todo el mundo no pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos; la mayoría de ellas en países en vías de desarrollo. Las barreras para conseguir la contracepción --y también información sobre planificación familiar-- se han reducido en los últimos 20 años, pero siguen suponiendo un grave problema en los países en vías de desarrollo, según el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (Unfpa), debatido hoy en Estocolmo. Sin embargo, el acceso en los países desarrollados tampoco es total. Alrededor de un 68% de las mujeres españolas –o sus parejas sexuales— utilizan anticonceptivos; en Suecia son más del 75%. Mientras, en países como Sierra Leona –donde la mortalidad materna es una de las mayores del mundo— solo un 8% de las féminas en edad fértil utiliza contracepción; en Guatemala, un 34% tiene acceso a métodos modernos.

“Los países deben implantar políticas para mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluida la planificación familiar. No se pueden sacrificar los derechos sexuales y reproductivos por razones de oportunidad económica o política”, ha reclamado el director de Unfpa, Babatunde Osetimehin, que ha instado a los Gobiernos a incluir estos derechos en la agenda política.

Un 68% de las mujeres españolas utilizan anticonceptivos; en Suecia son más del 75%

El director de Unfpa analiza estos días en la capital sueca, junto a parlamentarios de 134 países, el cumplimiento de la Conferencia de El Cairo, una declaración institucional firmada por 179 países que define los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y establece como objetivo prioritario el empoderamiento de las mujeres y niñas. El texto (la CIPD), rubricado hace justo 20 años por 179 países –entre ellos España--, establece más de 200 recomendaciones y metas para alcanzar el desarrollo y el bienestar de los individuos; objetivos como que los países deben garantizar acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro.

Hoy, dos décadas después de la declaración que supuso un hito en el debate sobre el desarrollo humano y la igualdad de género, estos derechos no solo no son plenos, sino que en algunos lugares del mundo están en retroceso. “Ciertos grupos están intentando boicotear la agenda de la ICPD, y algunos Gobiernos están limitando el acceso a los servicios que garantizan los derechos sexuales y reproductivos”, ha alertado la diputada británica Jenny Tongue, presidenta del Foro Parlamentario Europeo en Población y Desarrollo (EPF), que junto a Unfpa organiza el encuentro. Tongue, médico y especialista en planificación familiar, también se ha mostrado preocupada por el anteproyecto de la ley del aborto española, que elimina el derecho de la mujer a decidir interrumpir voluntariamente su embarazo. “Los avances de las mujeres hacia la igualdad perturban las posturas más radicales, posturas que son literalmente anti-mujeres… en el aborto, el acceso a anticonceptivos, la educación sexual... ”, ha comentado Tongue.

La socialista española Carmen Montón también ha advertido sobre la regresión que puede experimentar España con la futura ley del aborto. “Puede ser un tubo de ensayo donde una derecha ultraconservadora experimente cómo perder los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo los derechos de las mujeres. No podemos olvidar que España ha sido un ejemplo de avance en igualdad. Eso se ha perdido y ahora puede ser un ejemplo todavía más claro de retroceso”, ha dicho la diputada, miembro del Intergrupo español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, del que forman parte también Leixuri Arribalaga (PNV) y Lorena Vicioso (ICV-EUIA). “La de España no es una lucha regional, sino global. Un paso atrás significa un paso atrás en el panorama general”, ha afirmado.

En el lenguaje tímido de Naciones Unidas siempre se habla de “aborto seguro”. Abrir el debate sobre el aborto legal es complejo en un foro donde están representados países entre los que existe una brecha enorme en este tema. Pero el caso de España, que modificó en 2010 su ley de supuestos (permitía el aborto solo en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer o malformación fetal) por una de plazos en la que la mujer puede interrumpir su gestación sin alegar ninguna causa hasta la semana 14 de gestación, se ha debatido --y mucho-- en los pasillos de la reunión de Estocolmo, a la que EL PAÍS ha acudido invitado por Unfpa y el EPF.

España era un ejemplo en el que algunos países, sobre todo de Latinoamérica, se miraban. “En América Latina hay cuatro países en los que el aborto está totalmente prohibido. Tenemos que avanzar en derechos”, recalca Bertha Sanseverino, diputada deUruguay, un país donde hace dos años se adoptóuna ley de plazos, similar a la de la mayoría de los países de la UE.

También el parlamentario chileno Marcos Núñez ha alertado del endurecimiento del discurso de los grupos contrarios a los derechos reproductivos, como reacción a losavances en algunos Estados de Latinoamérica hacia legislaciones más permisivassobre aborto. En Chile, por ejemplo, donde no está permitida la interrupción voluntaria del embarazo en ningún caso, el Gobierno de Michelle Bachelet ha manifestado su intención de aprobar una nueva leyque la permita por razones de salud.

Abortos inseguros

El informe de Unfpa sobre la Conferencia Internacional para la Población y Desarrollo (CIPD) habla del aborto inseguro como una realidad que apenas se ha atajado en las últimas dos décadas. Cada año, más de 21 millones de mujeres recurren a métodos peligrosos e inadecuados para interrumpir su embarazo. 47.000 mueren debido a estas prácticas, más de la mitad de ellas jóvenes menores de 25 años, como ha resaltado Rachel Snow, la autora principal del documento.

El diputado del PP Juan Carlos Grau, coordinador del Intergrupo Parlamentario español, cree que compararEspaña y la futura ley del abortocon la situación de otros países es equivocado. Asegura también, y así lo ha declarado durante la reunión del foro parlamentario, que es precipitado hablar de ley. “Estamos ante un anteproyecto que, como dijo el presidente Rajoy, se tratará de consensuar al máximo con el resto de los partidos”, dice.

Grau, que desde esta sesión forma parte también del Comité Ejecutivo del EPF, cree que en la futura regulación debe potenciarse el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; uno de los aspectos de la ley más criticados por las organizaciones sociales y los expertos –aparte de la regresión--, que han alertado de que el anteproyecto no tienen ningún contenido sobre la prevención del embarazo no deseado y sobre bienestar reproductivo. También, dice, la educación para la prevención de embarazos no deseados y para luchar contra los estereotipos de género.

“Si queremos lograr el cambio debemos empezar por nuestra propia juventud. Y eso no se logra sin darles la capacidad de decidir sobre su futuro, y por tanto dar acceso a un sistema global de educación sexual”, ha dicho el portavoz del Parlamento Sueco, Per Westerberg. Porque los más jóvenes y sobre todo las más jóvenes son también las más vulnerables. Quienes más dificultades encuentran para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. “Hay que protegerlas, hay que garantizar que pueden acceder a la contracepción, a los servicios de salud sexual y también al aborto seguro. Deben tener derecho a decidir si quieren crear o no una familia”, ha recalcado la diputada sueca Ulrika Karlson, presidenta del intergrupo parlamentario de ese país sobre derechos sexuales y reproductivos. Karlson, conservadora, ha explicado que en Suecia existe un consenso político claro sobre estos temas: “Uno de los principales derechos humanos es la capacidad de las mujeres a decidir si quieren ser madres y cuándo”.

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