Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Luces y sombras de la atención personalizada en la salud mental

El observatorio de los médicos atribuye a enfermos psiquiátricos solo el 18% de los ataques

No hay una norma nacional de protección para los profesionales específicos del sector

Unidad psiquiátrica del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid.

El pasado 6 de mayo, la psicóloga Violeta Guarido murió en la clínica San Juan de Dios, en Palencia, a manos de una paciente que la apuñaló con un cuchillo de cocina. Esta residía en el centro con régimen flexible y podía salir a la calle. Ha sido la más llamativa de las agresiones en el ámbito sanitario que se han producido últimamente. Sin embargo, los expertos inciden en que no se puede estigmatizar especialmente a los pacientes con enfermedad mental. “Solo un 18% de las agresiones contra facultativos las cometen enfermos mentales o toxicómanos”, explica Serafín Romero, secretario general del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial. La entidad recopila los ataques sufridos por sanitarios en España desde hace cuatro años. Fue creado tras la muerte en 2009 de una médico en Moratalla (Murcia) a manos de un paciente que no era enfermo mental. El año pasado registraron 350 casos, algo menos que en 2012. La mayoría, a manos de familiares de los pacientes. “Un hecho como el de Palencia es algo puntual”, coincide Eduardo Montes, decano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León.

CC OO emitió un comunicado poniendo en cuestión la seguridad del centro y reclamó más medidas de prevención, mencionando incluso detectores de metales. La investigación deberá determinar cómo obtuvo el arma la agresora y si la trajo del exterior. Pero los expertos no creen que su régimen sea el problema. La práctica de asignar un trato personalizado a cada paciente es un “logro moderno”, explica el exdirector de la clínica privada Padre Menni de Pamplona, Manuel Martín. De los 1,06 millones de personas con una enfermedad mental crónica en España (trastorno bipolar, esquizofrenia o, sobre todo, depresión), los internos son una reducida minoría, según los expertos.

Para ingresar a un paciente se necesita el consentimiento informado (del enfermo o del tutor) o una orden judicial. La práctica generalizada es separarlos en unidades según su gravedad, con distintos grados de libertad. En su centro hay una sección de enfermos agudos, donde pasan alrededor de 20 días internos; las zonas de media estancia, seis meses con un régimen más abierto; “plantas de rehabilitación”, donde pueden residir hasta dos años, y los pisos comunitarios donde la estancia puede ser indefinida.

“Las agresiones verbales, ni las cuentas”, afirma una trabajadora

Eso no quiere decir que las condiciones sean fáciles. “Las agresiones verbales, ni se mencionan”, explica una trabajadora del hospital público Río Hortega de Valladolid. “La psiquiatría es complicada, te tienes que poner en el pellejo del enfermo”. Las agresiones físicas sí las denuncian, añade esta fuente, aunque se dan en muy pocas ocasiones. Cuando una agresión es involuntaria, es un accidente laboral. “Claro que nos afectan. No es agradable, pero no saben que lo hacen”. Denuncia que lo más importante es que haya personal para ayudar, y que, con los recortes, en su centro se han reducido las plantillas.

La propia terminología es problemática al hablar de agresiones realizadas por enfermos mentales, ya que muchas son “no intencionadas”, según Sanidad. No existe un observatorio central de agresiones a facultativos en España, aunque algunas consejerías autonómicas tienen uno. Tampoco existe una normativa específica de seguridad laboral en la sanidad psiquiátrica. Un informe elaborado recientemente por la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), junto con los agentes sociales y expertos, aconseja la creación de un Observatorio Nacional de Agresiones. “Convendría acordar un protocolo común”, recomienda el texto, para dar “una valoración homogénea en todo el SNS”.

En España hay 83 clínicas psiquiátricas, entre privadas y públicas. La seguridad laboral de todos los trabajadores del sector está cubierta por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero las medidas adicionales varían según el centro, la comunidad y si el centro es público o privado.

Francisco Toquero, responsable de Sanidad del sindicato CSI-F, reclama que se creen normas de prevención obligatorias a nivel estatal. “Que el personal cumplimente un cursillo obligatorio de autodefensa y manejo verbal de la situación. Muchas veces se hacen sustituciones por profesionales de otras áreas que no tienen esa preparación”, afirma. También reclama que se regulen medidas físicas: que se instalen botones antipánico, que haya guardias de seguridad esperando fuera en casos de riesgo, y una segunda salida en la consulta por si el profesional tiene que escapar. Por motivos de privacidad, el enfermo tiene derecho a estar solo con el facultativo.

Los sindicatos piden formación y reglas obligatorias a nivel estatal

Cada clínica suele dividirse en varias unidades de especialidad —la sección de enfermos agudos siempre tendrá más medidas de seguridad— y, dependiendo del grado de enfermedad del paciente, varían las condiciones. Un trabajador sanitario en un centro psiquiátrico público no tiene más —ni menos— derechos que uno de la planta de pediatría. En el caso de las trabajadoras embarazadas, algunas obtienen bajas más largas, pero esto también varía por comunidad, explica Irene Álvarez Bonilla, secretaria de Salud Laboral de la Federación de Sanidad de CC OO. En algunos centros privados pueden darse de baja casi inmediatamente.

El hospital público psiquiátrico Román Alberca (Murcia) desarrolló un plan de prevención en 2011 para proteger a los trabajadores y por el bien de los pacientes, explica su directora, Asunción Salesa. “Trabajamos la detección precoz del riesgo y tenemos una parte formativa para el personal”. Al realizar el ingreso una enfermera determina si se trata de un paciente de riesgo, y la psiquiatra usa otra escala para determinar si este riesgo es alto, moderado, medio o bajo. “De esta forma, el equipo está sobre aviso”, puntualiza Salesa. Si existe un episodio de agresión (a otros o hacia sí mismo), se rellena un formulario específico de historia clínica al que tiene acceso todo el personal.

En cuanto a la formación, se instruye al personal en contención verbal (“qué decir, qué tono evitar”), en contención química (“el segundo escalón, para disminuir la agresividad”) y, en “situaciones extremas”, sujeción física. En caso de agresión, esta se registra en la base de datos de la comunidad autónoma, y la dirección del centro pide un informe a los responsables de unidad, y ofrece apoyo psicológico y legal al trabajador. Salesa afirma que desde entonces ha habido un descenso notable de agresiones dentro del centro, aunque reitera que muchos episodios no son predecibles. “El ser humano es agresivo, no el enfermo. A veces, la enfermedad nos quita el filtro”.

Riesgo en la cárcel

Las instituciones penitenciarias lideran el ranking de accidentes laborales en España, según datos de la Memoria Preventiva de 2012 de Instituciones Penitenciarias recogidos por CC OO.

En España hay 2,80 accidentes laborales por cada 100 trabajadores, lo que según el sindicato nos coloca “a la cabeza de Europa”. Entre trabajadores de las cárceles, la cifra se duplica hasta 4,56 accidentes por cada 100 empleados. Además, los accidentes en el sector crecieron un 18% en 2012, y desde 2007 el crecimiento fue del 41%. El sindicato denuncia que son cifras “completamente insostenibles” y achaca la subida a la falta de prevención de riesgos laborales. Las principales causas, según la memoria, son las agresiones, los riesgos biológicos y los accidentes in itinere —en viaje de trabajo— debidos a “la larga distancia entre las poblaciones y los centros”.

CC OO dice que la Administración ha eliminado el 80% de los comités de seguridad y salud laboral y acusa al Gobierno de querer “ocultar” la siniestralidad laboral del sector.

Más información