El Gobierno otorga el permiso definitivo para los sondeos petrolíferos en Canarias

Industria da a Repsol un permiso de tres años pese a la oposición del Gobierno autonómico

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El Gobierno ha dado hoy el permiso definitivo a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en Canarias, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pese a la encendida oposición que suscita el proyecto en el archipiélago. La noticia se conoció por el BOE y, aunque se esperaba, cayó como una tromba de verano. Tanto el Gobierno regional como los cabildos de las dos islas afectadas y las principales organizaciones ecologistas acusaron a Industria de no haber atendido sus alegaciones y anunciaron recursos para intentar paralizar de manera cautelar el inicio de los sondeos, previsto para otoño, según un portavoz de Repsol. La empresa espera obtener los primeros resultados para el primer trimestre de 2015.

La resolución de Industria autoriza a la empresa a realizar durante tres años perforaciones en dos puntos, ampliables a un tercero en función de los resultados que se logren los dos primeros, a unos 60 kilómetros de la costa. El texto deja explícito que toda la responsabilidad recae sobre Repsol y le impone 14 condiciones, entre ellas la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil de al menos 40 millones de euros y otro de 20 millones para cubrir posibles daños ambientales. Además, tendrá que instalar sistemas de control de la sismicidad y deberá suspender los trabajos si se registra un terremoto de magnitud superior a 4,5 en un radio de 75 kilómetros, pese a que las alegaciones pedían que el límite se bajara a 3,5. Eugenio Reyes, portavoz del grupo ambientalista Ben Magec, ha criticado especialmente este aspecto y también el hecho de que no se haya establezca ninguna medida correctora que prevea el abastecimiento de agua potable en caso de accidente, teniendo en cuenta que en las dos islas afectadas se bebe agua desalada.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado en cambio que se habían “estudiado todas las alegaciones” e incluso ha subrayado que se había ampliado el plazo para poder recoger los comentarios de todos los afectados. En respuesta, el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno del Gobierno regional, Fernando Ríos Rull, ha precisado que el plazo terminó el pasado viernes, dos días antes de que se aprobara la resolución, por lo que duda de que hubieran tenido tiempo de leerlas.

El presidente canario, Paulino Rivero, comparecerá este jueves con los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura para anunciar que sigue adelante con la consulta popular que pretende hacer si no se paralizan los sondeos, algo que, si consigue superar el procedimiento legal que se exige para poder realizar esta convocatoria, podría coincidir con el comienzo de las perforaciones.

Del otro lado, el secretario general del PP en las islas ha defendido el “derecho a conocer si hay petróleo en las islas” y ha recordado que la tasa de paro en el archipiélago supera el 30%. En el sector empresarial hay división de opiniones, desde quienes consideran el proyecto como una oportunidad hasta otros, como la patronal hotelera de Fuerteventura, que creen que pone en peligro el turismo.

Las principales organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han hecho público un comunicado conjunto en el que avisan de que no solo acudirán a la justicia española, sino también a los tribunales europeos, porque "la tramitación del expediente ha estado plagada de falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido".

Las ONG afirman que buscar nuevos hidrocarburos no es el camino para reducir la demanda energética, sino que la solución pasa por apostar por la eficiencia, el ahorro y las energías renovables, de las que España era líder mundial. "Esto es lo que realmente nos dará la independencia energética y nos permitirá luchar contra el cambio climático", concluye el comunicado.

Más de una década de batalla

Hace más de 10 años que Repsol persigue la autorización para realizar perforaciones en Canarias. En 2001, un real decreto concedió a la petrolera un permiso de investigación para seis años, pero el Tribunal Supremo lo anuló porque carecía de las medidas ambientales que requería la normativa. En 2012, el Gobierno consideró que Repsol había subsanado las deficiencias y convalidó los permisos de nuevo, lo que desató otra batalla que también llegó hasta el Supremo. Pero esta segunda vez los jueces han fallado a favor de la compañía, desestimando hace poco más de un mes los siete recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno canario, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique y WWF. Poco antes, a finales de mayo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente había emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, un trámite clave para poder seguir adelante.

El proyecto no solo ha sido contestado en los tribunales. La oposición se ha reflejado en las calles en manifestaciones multitudinarias en todas las islas. La última se produjo precisamente después de que Medio Ambiente emitiera su dictamen favorable.

La batalla, pese a la resolución publicada ayer en el BOE, no ha terminado. Tanto los ecologistas como las autoridades regionales y locales han advertido de que llevarán el asunto hasta los tribunales europeos e incluso, si es preciso, hasta Naciones Unidas. Alegan, sobre todo, que ambas islas están declaradas Reservas de la Biosfera por la Unesco y que los sondeos podrían causar impactos negativos en especies protegidas como los cetáceos y las tortugas.

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