el ajuste en sanidad

Sanidad dejará sin tarjeta a 150.000 inmigrantes no comunitarios en dos años

El ahorro será de 240 millones en un colectivo que gasta menos que los españoles

Un inmigrante recibe asesoramiento en la asociación Karibu. / SAMUEL SÁNCHEZ

Las medidas anunciadas por el Gobierno dejarán sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros no comunitarios en situación irregular en un plazo máximo de dos años, según los cálculos de este diario. Ello supondría un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500 previstos inicialmente por el Ejecutivo, si tomamos como base el gasto medio de un ciudadano español en servicios sanitarios.

Según un borrador del decreto al que ha tenido acceso este diario, la residencia no será la única condición para poder acceder a la tarjeta que da acceso a las consultas de primaria. Habrá que estar asegurado. Y esto, de manera general, implica darse de alta en la Seguridad Social.

El Gobierno exigirá que estén dados de alta en la Seguridad Social

Como los extranjeros tienen que renovar esta documentación cada dos años, bastará con endurecer los requisitos para dejarlos fuera, sin necesidad de tomar otro tipo de medidas más drásticas, como identificarlos antes y anular su tarjeta.

El cálculo del número de afectados por la medida se basa en el cruce de datos entre el padrón y el Registro Central de Extranjeros. El primero, que es el que hasta ahora daba acceso a la tarjeta sanitaria, incluye a 459.946 personas más que el segundo. Pero de ellos, la mayoría (306.477) son residentes de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro, como confirman fuentes gubernamentales. Eliminados estos de la lista de extranjeros en situación irregular, 153.469 personas cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.

El siguiente paso es calcular lo que gastan estas personas. Si se les aplican los 1.600 euros por persona que cuesta al año cada español en sanidad, salen los 240 millones de euros. Como mucho.

Y hay que destacar ese “como mucho”, ya que el cálculo se ha hecho tomando las condiciones más favorables a la tesis del Gobierno. Como dice un experto que lleva 25 años trabajando en prestar atención a inmigrantes y que quiere mantener el anonimato, en esa cifra están incluidos los menores (aproximadamente el 15%), y se supone que estos no van a verse afectados por la medida. Tampoco quedarán sin atención las mujeres que se queden embarazadas.

La otra gran generalización de este cálculo es que se ha supuesto que el gasto medio de un extranjero es igual al de un español. Y todos los estudios indican que eso no es así. “No hay hiperfrecuentación de los inmigrantes ni hacen mal uso”, afirma Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).

Uno de los últimos trabajos en este sentido es el que ha hecho con datos de 2009 Ángel Alberquilla, técnico de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El estudio, centrado en el área 11 de la capital, que abarca una zona de casi 900.000 habitantes donde el 20% es inmigrante, es demoledor. Todas las partidas estudiadas: consumo de medicamentos, visitas a consulta y hospitalizaciones indican que los extranjeros consumen menos.

Por ejemplo, en el consumo de farmacia, la media está en 381 euros por persona y año. Pero la proporción entre autóctonos y extranjeros es casi de uno a cinco: 96,5 euros para los inmigrantes y 446,4 euros para los nacionales.

Los extranjeros consumen menos fármacos y visitan
menos al médico

Algo parecido ocurre con la llamada “carga de enfermedad”, una variable que mide la frecuentación general al sistema sanitario y el número de episodios por paciente: los españoles tienen una media de 7,65, y los extranjeros de 5,05.

La frecuentación hospitalaria por 100 habitantes está en la misma línea (8 para los españoles, 5,8 para los extranjeros). Pero es que incluso en los ingresados, los extranjeros gastan menos: 4.710,41 euros de los originarios de países pobres por 6.759,94 de los españoles.

Ni siquiera usan más las urgencias: el número de visitas a este servicio corresponde con el 40,6% de la población inmigrante frente al 44,6% de la nacional (eso no quiere decir que vaya el 40%, porque alguno va más de una vez al año).

Solo hay un caso en que es cierto que hay, proporcionalmente, más extranjeras que españolas: en las unidades de maternidad.

Para el experto anteriormente mencionado, la explicación de estos datos es “obvia, aunque hay que repetirla”: los inmigrantes son, en general, más jóvenes, los fuertes de cada casa, que son los que emigran para poder enviar ayuda a sus familias en los países de origen.

Quizá el caso más extremo de ello sea el de los subsaharianos. Antonio Díaz de Freijo, presidente de la ONG Karibu, especializada en esta población, narra que tardan, de media, tres años en llegar a España. “Tienen que cruzar el desierto y el mar. Llegan los más sanos”, dice Díaz de Freijo. Eso sí, muchos, cuando llegan, van directos al hospital. Pero es porque han agotado sus fuerzas por el camino, en la patera.

En cualquier caso, Díaz de Freijo insiste en que “no se puede confundir turismo sanitario con inmigración”. Los datos de los informes estudiados lo demuestran. Son los extranjeros que vienen de países ricos, muchos de ellos jubilados, los que tienen un consumo más aproximado al de los españoles.

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