El Gobierno abre un nuevo frente autónomico con la reforma educativa

Wert critica la “dispersión” de los contenidos que fijan el Estado y las comunidades

Wert tras el Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN

En un contexto de grandes recortes presupuestarios, y grandes protestas contra ellos, el Gobierno ha comenzado la tramitación de una reforma educativa que dará a luz en los próximos meses a la séptima ley escolar de la democracia. Mientras el Ejecutivo la defiende como una necesidad imperiosa para levantar un sistema mediocre (con un 26,5% de abandono escolar temprano), es seguro que el proyecto no solo va a soliviantar a una parte de la comunidad educativa que no se cree que vaya a mejorar nada, sino a segregar al alumnado (se adelanta la elección de itinerarios hacia la FP o el bachillerato, y se establecen reválidas al final de la ESO y bachillerato), sino que también está levantando ampollas entre varios Gobiernos de comunidades con lengua cooficial al reducir la parte del temario que ellos deciden: la administración central fijará el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan; actualmente, es el 55% y el 65%, respectivamente.

La medida, que afectará a todas las asignaturas (lo mismo a Matemáticas que a Historia, Lengua o la nueva Educación Cívica y Constitucional que sustituirá, sin los contenidos más polémicos ya limados por este Gobierno, a la asignatura de Ciudadanía), abre de este modo un nuevo frente para el Gobierno justo cuando más tenso se encuentra el debate sobre el encaje de Cataluña dentro de España, y en el que las elecciones en el País Vasco y en Galicia a la vuelta de la esquina.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha vuelto hoy a insistir en que el sistema escolar español no tiene un problema de recursos, rechazando así las críticas por los recortes con cifras de hace tres años -justo antes de que empezaran unos recortes que ya ascienden a más de unos 6.000 millones de euros-, que hablan de un gasto por alumno que supera en un 21% la media OCDE. Ha asegurado Wert que el de la escuela española es un problema de estructura que provoca esa alta cifra de abandono educativo temprano y la falta de alumnos excelentes (3% de los chicos de 15 años frente al 8% de media OCDE según los estándares del examen Pisa). Así, la reforma pretende cambiar eso adelantando la elección de los alumnos hacia la FP, creando un nuevo ciclo de formación profesional dentro la enseñanza obligatoria (FP Básica se llamará), estableciendo evaluaciones externas al final de cada etapa que serán reválidas en la ESO y bachillerato), reduciendo el número de asignaturas para centrarse en las asignaturas instrumentales (lenguas, matemáticas y ciencias) y dando mayor autonomía a los centros..

De esa forma, el Gobierno sostiene que se conseguirá la gran mejora escolar a pesar del contexto de crisis. Idea que han rechazado, incluso, organizaciones tan alejadas de la oposición política al PP como los padres católicos de Concapa, que esta semana se han quejado de que antes de acometer ningún cambio es necesario arreglar lo más urgente, es decir, que nadie se quede sin libros de texto ni comedor escolar por falta de recursos tras los recortes en las ayudas para estos conceptos.

El Gobierno vasco, por su parte, ha calificado la reforma de “retrógrada y recentralizadora”. Un rechazo que ya expresó el viernes pasado el lehendakari, Patxi López, tras conocer el borrador avanzado por EL PAÍS, y que llevó a su consejera de Educación, Isabel Celaá, a pedir la dimisión del ministro Wert. Ayer la volvió a pedir de forma tajante en un comunicado en el que define la norma como “pura ideología conservadora y recentralizadora” que “supone un atentado contra el autogobierno llevado a cabo por la puerta de atrás y sin ningún ánimo de consenso”.

Wert ha presentado hoy las líneas generales de la reforma después de que su anteproyecto fuera aprobado por el Consejo de Ministros: ahora arranca otro proceso en el que se discutirá con la comunidad educativa y los partidos políticos durante su tramitación en Congreso y en el Senado. Wert ha rechazado la idea de la “recentralización”, pues las competencias en la gestión educativa no se tocan, insiste. Sin embargo, sí ha dicho que existe una “dispersión de contenidos” inmanejable y que es una causa “muy decisiva” de que el sistema no tenga los resultados apetecidos a pesar del aumento de inversión. Es decir, ha vinculado los distintos contenidos a las grandes diferencias de resultados entre comunidades autónomas y a esas diferencias le ha echado al menos una parte de la culpa de que España no dé los resultados escolares que espera y que quiere.

Por eso mismo, ha justificado la necesidad de aumentar esos contenidos comunes para todo el Estado (que se utilizarán, dice el ministro, para incrementar el espacio escolar dedicado a las materias instrumentales) y las evaluaciones externas, iguales para toda España en todas las etapas.

Es cierto, sin duda, que existen notables diferencias entre unas comunidades que se están en muy buenos niveles en las pruebas de Pisa (La Rioja o Castilla y León) y otras muy mal (Andalucía o Comunidad Valenciana), pero el hecho es que distintos especialistas han argumentado precisamente que el que haya comunidades que lo hacen tan bien con las mismas reglas de juego quita la razón al Gobierno sobre la necesidad de esta reforma.

La séptima ley orgánica de la democracia

La reforma del ministro Wert supone la séptima ley orgánica educativa de la democracia. Las leyes suelen cambiar los contenidos y la estructura de los estudios o bien la organización de los centros. Hasta la llegada de la LOGSE, perduró la estructura escolar de la Ley General de Educación de 1970, con la EGB, el BUP y el COU.

  • 1980. El Estatuto de Centros Escolares intervino sobre todo en la participación de los centros y su organización.
  • 1985. LODE. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación también trataba aspectos organizativos. Reguló los conciertos con los colegios privados, con fuertes protestas de la Iglesia.
  • 1990. La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) fue la gran ruptura sobre el modelo establecido. Modificó el currículo escolar, se cambiaron las etapas. La secundaria obligatoria se extendió a los 16 años. Ha sido muy criticada entre los conservadores.
  • 2002. LOCE. La Ley de Calidad del Gobierno de Aznar no tocó la estructura anterior, aunque introdujo retoques curriculares muy contestados. Los artículos más polémicos no entraron en vigor porque cambió el Gobierno.
  • 2006. LOE. La Ley Orgánica de Educación, ya con Zapatero, derogó todas las anteriores vigentes salvo la LODE, de la que quedó algo, aunque poco. Es la que ahora se reforma.

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Periodista de Educación de El País

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