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El PP rechaza eximir de las tasas a las víctimas de violencia de género

El partido del Gobierno rechaza en el Congreso una proposición socialista que pedía que las maltratadas no pagaran por divorciarse. Ahora solo están exentas las que tienen hijos

El PP ha rechazado hoy en el Congreso un apartado de una proposición no de ley del PSOE que reclamaba que las víctimas de violencia de género no tuvieran que pagar las nuevas tasas judiciales. Este nuevo impuesto que entró en vigor hace unos días, pero que todavía no se ha hecho efectivo, no afecta a los procesos penales, como los derivados de una denuncia por malos tratos. Sin embargo, sí afecta a los civiles, como los procesos de separación o divorcio con lo que una víctima de violencia de género deberá pagar por separarse de su agresor y romper el último vínculo con él entre 300 euros —si es de mutuo acuerdo— y 800 (en apelación). Solo están exentas de esta tasa —al margen de aquellas que por renta tengan derecho a la asistencia gratuita— las maltratadas con hijos menores, y solo en los asuntos relacionados con la separación y las peticiones de pensión por alimentos de los menores.

Y de momento seguirá siendo así, porque el PP ha votado en bloque contra el punto de la proposición —que sí fue apoyada por el resto de los grupos— que había planteado la socialista Ángeles Álvarez que pedía eximirlas a todas. Y eso pesar de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, afirmase el domingo, en la conmemoración del día contra la violencia de género, que las tasas no afectaban a las víctimas de violencia de género. Lo dijo sin precisar que esa gratuidad solo afecta a una parte de ellas: las que tienen hijos.

Hasta ahora las víctimas de violencia de género, como las víctimas de terrorismo, estaban exentas de cualquier pago en todo tipo de procesos judiciales. Un derecho que derriba ahora la nueva norma de tasas elaborada por el Ministerio de Justicia. Para Álvarez, la medida del Gobierno desprotege a las víctimas de violencia de género: todas las que no tienen hijos o tienen hijos mayores de edad. “Son un número importantísimo de mujeres”, insiste. La diputada ha recordado en su intervención que en 2010, de los 80 huérfanos víctimas de los machistas, 40 eran menores. Así, ha dicho, las nuevas tasas “alientan la impunidad y dificultan la salida de las relaciones violentas” y son “una medida más del catálogo de dificultades que las mujeres encuentran para combatir la violencia”.

La alerta lanzada desde las filas socialistas —que ya han anunciado que recurrirán las tasas por esta y otras cosas ante el Constitucional— no llega sola. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, también afirmaba hace unos días que este nuevo impuesto —que también obligará a pagar por solicitar una indemnización, por ejemplo, dedicación a la familia o a reclamar al agresor algún bien común— supondrá una traba para la lucha contra la violencia de género. “Solo con oír hablar de tasas las mujeres se pensarán dos veces iniciar un proceso judicial y muchas se retirarán antes de acabarlo”, dijo.

También la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha criticado la medida del Gobierno. Aseguran, y también se lo han trasladado al grupo socialista en una reunión hoy, que la obligación del pago de las nuevas tasas provocará, por ejemplo, que en los casos de liquidación de bienes gananciales o patrimonio común (donde la tasas son muy altas) las mujeres se vean obligadas por la necesidad a aceptar pactos extrajudicialmente.

Menores víctimas

El Congreso sí ha aprobado otro punto de la propuesta socialista, el de incorporar en las bases estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género los indicadores que permitan conocer el número de niños y jóvenes que han sido víctimas de esta violencia; incluyendo datos como la orfandad, nivel socioeconómico, socioeducativo, régimen de tutela o cualquier otra especificación que permita precisar el perfil de estas víctimas.

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