Selecciona Edición
Iniciar sesión

El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadanía

El dictamen sobre la reforma educativa rechaza que las comunidades con lengua cooficial tengan que pagar una escuela privada si un alumno prefiere clases en castellano

Ampliar foto
El ministro José Ignacio Wert a su llegada al Congreso.

El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el órgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un “acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” para “buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema” —esta es la séptima ley de la democracia— y cambios y matizaciones en asuntos polémicos. como la enseñanza en castellano en comunidades bilingües —son las autonomías las que deben garantizar “una proporción equilibrada” de ambas lenguas—, la Educación para la Ciudadanía —debería ser “obligatoria en algún momento”— y la Religión —se está “discriminando” a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores éticos—.

El texto también discute otro de los aspectos de la ley que más ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo. En una decidida defensa de las bondades de la educación mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público.

El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de allí, al Congreso. Pero sindicatos y oposición ya han calificado de “varapalo” el dictamen de una ley que no estará en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotación económica —es insuficiente para una “reforma estructural de esta envergadura”—.

El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP (con la creación del FP Básica) o la recuperación de las reválidas. En este caso, solicita que esos exámenes externos queden en manos de “funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas”. En cuanto a la reválida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce “un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos”. Asimismo, hace alusiones críticas al programa académico (diseño, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias básicas) y protesta por la falta de participación de la comunidad educativa.

No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP.

 En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante.

Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.

El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.

Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".

El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”.

Laberinto judicial

Otra de las grandes polémicas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística consiste en dar la inmensa mayoría de las clases en catalán. El ministro, que ha sembrado polémica en torno a este asunto, por ejemplo, al hablar de "españolizar" a los niños catalanes, siempre ha dicho que su intención es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Cataluña, que dicen que la inmersión es perfectamente legal, pero que la Generalitat debe garantizar una "proporción razonable" de enseñanza en catalán y castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado -aplicando la doctrina del Supremo- cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo y este ha informado de que recurrirá la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catalán. La tensión con el Gobierno llegó a ser tal que la consejera Irene Rigau llegó a abandonar una reunión con Wert.

Educación separada por sexos

También responde a resoluciones judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones públicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia había dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminación que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). Así, la Lomce señala expresamente que pueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la UNESCO.

Sin embargo, tras un repaso a la legislación internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", señala el dictamen, que hace, además, una defensa de la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia".

Cerca de 70 de estos centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayoría están vinculados al Opus Dei. La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para retirarles la subvención si no se coinvierten en mixtos. 

Capacidad de decisión para los padres

El ministerio ha hecho gran hincapié en la necesidad de aumentar los controles a las escuelas —más evaluaciones externas—, y a la vez darles más autonomía. Esto le parece muy bien al Consejo de Estado, pero dice que esa autonomía requiere de la participación y control de la comunidad escolar: padres y docentes representados en los consejos escolares y los claustros. De ese modo, el refuerzo de la capacidad de decisión de las direcciones “debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o co-decisión en la comunidad educativa, consejo escolar y claustro de profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gestión y ejercer el control”. Por eso, pide al ministerio que sopese “seriamente” la eliminación de la capacidad de decisión de esos órganos que contempla el proyecto.

 En el mismo sentido, tampoco les gusta que los gobiernos autónomos tengan la mayor capacidad de decisión en los procesos de selección de los directores. “El anteproyecto entra en este punto en abierta contradicción con "el aumento de la autonomía de los centros" que la exposición de motivos (apartado VII) menciona como uno de los principios inspiradores de la reforma”, dice el Consejo de Estado.

Sin fondos suficientes para aplicar la Ley

El Consejo de Estado considera que existe una “insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación”. En su opinión, el coste que se estima de implantación es “muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura”. Y lamenta, además, que haya incluso una previsión “de reducción de dichos costes en el medio plazo”.

Este órgano recuerda que distintos sectores sociales, profesionales e institucionales (lista en la que incluye a algunas Comunidades Autónomas) le han expresado su “preocupación” por el hecho de no existir una memoria económica y, por tanto, que no se fijen las disponibilidades presupuestarias que tendrán impacto en sus déficit que deben recortar. El Consejo Escolar del Estado ha sugerido la elaboración de esta memoria económica. "Existen mecanismos legalmente previstos que pueden contribuir a la mejor exposición de las condiciones de financiación del sistema educativo", señala el Consejo, lo que , por otra parte, "no ha supuesto un obstáculo" para detectar las insuficiencias.

 

“Incoherente” reparto de competencias

El diseño de los contenidos escolares que propone la reforma necesitaría bastantes aclaraciones y más de un cambio, según se desprende del abanico de propuestas del Consejo de Estado en este punto. Dice que no está clara la diferencia “entre asignaturas troncales y asignaturas específicas”, reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes (Educación Artística en primaria; Artes, Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO; Historia de la Filosofía en bachillerato, entre otros) y no entiende por qué hay que separar en dos la actual vía del bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.

Tampoco entiende el Consejo de Estado por qué se permite a las comunidades desarrollar en currículo en unos aspectos y en otros no. “No parece coherente”, dice.

La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno controlará en ambos casos las otras patas del currículo: “los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación”, es decir, que se evalúa y cómo.