Los expertos confirman la relación entre los seísmos y el proyecto de gas Castor

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) concluye que la inyección de gas despertó una falla

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Por primera vez, un informe oficial confirma la “relación directa” entre los 512 seísmos que se registraron en septiembre del año pasado en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). El Instituto Geográfico Nacional (IGN), uno de los dos organismos públicos a los que el Ministerio de Industria pidió un estudio detallado sobre las causas de los temblores, concluye: “Todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”. La población de la zona percibió 15 de esos terremotos. El Gobierno ordenó el cese de actividad de la plataforma el 26 de septiembre, tras los primeros dos centenares de seísmos.

El informe descarta que los temblores tengan su origen en la falla de Amposta, como se sospechó en un primer momento. “Se trataría de otra falla, no cartografiada”, señala el texto. La inyección de gas “ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos, ya existente en la zona, y que no estaba previamente caracterizado”, añade. El almacén de gas, que aprovecha un antiguo yacimiento petrolífero a 1.700 metros de profundidad, está construido sobre esta falla y la utiliza como parte de su estructura, a modo de sellado del almacenamiento. En los alrededores hay otras dos de varios kilómetros de longitud y muchas de pequeño tamaño que no están cartografiadas y a las que varios geólogos consultados por este diario ya apuntaban hace meses como las culpables de provocar los temblores. Una de ellas es la que, según el informe del IGN, tiene “relación directa” con la actividad sísmica.

El Ministerio de Industria encargó al IGN que evaluara la relación entre los seismos registrados en la zona de Vinaròs y el proyecto gasístico. El trabajo consistía en detallar las causas, pero también en ofrecer “recomendaciones relativas a las operaciones en las instalaciones”. Los expertos, sin embargo, no aconsejan al Gobierno qué decisión tomar ni predicen qué ocurriría si la instalación volviera a ponerse en marcha y se reiniciara la inyección de gas.

El diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto pidió conocer el contenido del informe a principios de este año. Pese a estar fechado el 17 de diciembre, le fue remitido el 10 de abril pasado. “Los expertos aseguran que los estudios aún son insuficientes, es decir, que no se sabe lo que puede pasar. La plataforma debe permanecer cerrada”, señala Sixto. “La clausura no debe costar dinero a los ciudadanos; no tenemos que pagar por las decisiones equivocadas que tomaron algunos”, añade. Sixto asegura que pedirá explicaciones por el “retraso” en el envío del informe. El otro que solicitó, elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME) a petición de Industria, aún no ha llegado al Congreso.

Una primera versión de ese informe salió del IGME en noviembre de 2013. Fue revisado y la versión definitiva se entregó en febrero pasado, según fuentes conocedoras del proceso. Industria se ha negado hasta ahora a hacer público el informe, solicitado en varias ocasiones por EL PAÍS. Este diario intentó, sin éxito, contactar este lunes con el departamento que dirige José Manuel Soria, que también ha evitado repetidamente precisar quiénes son los “expertos independientes” a los que ha encargado otra evaluación. Según Servimedia, que cita fuentes ministeriales, la decisión sobre si la infraestructura reabre o se cierra definitivamente no se tomará hasta que estos “expertos internacionales” entreguen sus conclusiones.

La crisis del Castor comenzó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs. La empresa que gestiona la plataforma, Escal UGS, controlada en un 66,67% por ACS, había empezado en junio a inyectar gas colchón para comprobar que la instalación funcionaba correctamente. Hasta el 5 de septiembre no se registró el primer temblor. El 24 de ese mes, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Dos días después el Gobierno ordenó el cese de actividad, y así se ha mantenido durante estos meses. El mayor seísmo fue uno de magnitud 4,2. Escal UGS se limita a “continuar con el mantenimiento de las instalaciones”, señaló una portavoz, que no quiso valorar el informe.

El almacén Castor es un depósito estratégico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días. Se diseñó para poder cubrir puntas de consumo o interrupciones en el suministro. Sin embargo, la decisión que Soria está retrasando —cierre definitivo o reapertura— no solo tiene consecuencias en la planificación gasística; las económicas son las que más preocupan al Ejecutivo. Escal tiene derecho a devolver la concesión durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable. El Gobierno intentó librarse de esa obligación, pero el Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado su petición de anular la indemnización.

Según cálculos del Ministerio de Industria, el proyecto Castor ha costado 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones pertenecen a la infraestructura, 186 millones son del gas colchón, cantidad mínima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones corresponden a costes financieros. ACS asegura en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto “el valor de la inversión es totalmente recuperable”.

Soria ha asegurado varias veces que, si no se cumplen “al cien por cien” las garantías de seguridad, Castor no reabrirá.

El Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado la petición del Gobierno de anular la indemnización al almacén de gas Castor en el caso de que mediara negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. El abogado del Estado pidió --en mayo de 2012, mucho antes de la crisis de los seísmos-- la anulación de una cláusula del real decreto de 2008 con el que se autorizó la concesión administrativa por considerarla abusiva y contraria al interés general. 

"El informe supone una buena noticia, porque al fin se aclara en un documento oficial que los terremotos que se produjeron entre septiembre y octubre son sismicidad inducida consecuencia directa de la inyección de gas", señala Joan Ferrando, portavoz de la Plataforma en defensa de las Terres del Sènia, una de las más activas en contra del Proyecto Castor. "Nosotros llevamos siete años diciendo que en esa zona hay riesgo sísmico. Lo dejamos claro en las alegaciones al proyecto. Ahora nos preguntamos quién pagará este desaguisado. Todo parece indicar que el Gobierno decidirá cerrar el almacén, porque no va a encontrar a nadie que certifique que no habrá más terremotos", añade. 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.

El Gobierno, con los votos del Partido Popular, aprobó a finales del año pasado la Ley de Evaluación Ambiental que, entre otras cosas,  obliga a someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se use la técnica de fracturación hidráulica (fracking), incluye multas a las prácticas de bunkering que hacen las llamadas gasolineras flotantes (buques que suministran combustible mientras están permanentemente fondeados) y obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

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